Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, Vol. 19, No. 2 (2020)

Doi: 10.5027/psicoperspectivas-Vol19-Issue2-fulltext-1952
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Kasparian: Cooperativismo, políticas públicas y organizaciones sociales: Conflictividad en cooperativas promovidas por el Estado en Argentina



La idea -y las prácticas en torno a la idea- de que es necesario un modo alternativo de producción que elimine toda forma de explotación y dominación lleva dos siglos de existencia (De Sousa Santos, & Rodríguez, 2011; Quijano, 2011). Desde fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el debate sobre las formas alternativas de producción se ha desplegado principalmente en torno a las nociones de “economía social”, “economía solidaria” y “economía popular”, entre otras. Aníbal Quijano (2011) plantea que existen dos vertientes: la economía solidaria, cuya institución central es la cooperativa (Singer, 2007) y su carácter alternativo está dado por el posicionamiento ideológico de sus integrantes en contraposición al capitalismo; y la economía popular, conformada por experiencias con anclaje cotidiano en la comunidad, en donde adquiere centralidad la reciprocidad.

Michelle Williams (2014) diferencia la economía social de la solidaria. Señala que el vector de la primera es la inclusión social, mientras que la segunda posee una perspectiva de cambio social orientada a la transformación de las relaciones de poder. Por su parte, Erik Olin Wright (2012) identifica la economía social como una vía de incremento del poder social y a las cooperativas de trabajo como un arreglo institucional para transitar tal vía, el cual revierte el fundamento mismo del modo de producción capitalista: la desposesión de los productores directos de sus medios de producción.

La Argentina cuenta con una larga historia de cooperativismo que se inicia entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX. Durante la mayor parte de este siglo, fueron dominantes las cooperativas agrarias, de servicios públicos y de consumo (Acosta, et al., 2013). En cambio, las de trabajo contaron con un desarrollo más lento (Vuotto, 2011). Recién a partir de 1990 se expandieron significativamente en el marco de crecientes niveles de desempleo y precarización (Montes, & Ressel, 2003).

En el inicio del siglo XXI, y en el contexto de una aguda crisis general, el cooperativismo de trabajo tomó un impulso que no había tenido hasta entonces (Acosta, et al., 2013; Montes, & Ressel, 2003). Este impulso tuvo entre sus factores principales un conjunto de políticas públicas de fomento del cooperativismo y la economía social desarrolladas entre 2003 y 2015 1 (Acosta, et al., 2013; Arcidiácono, & Bermúdez, 2015; Hintze, 2018; Schujman, 2015; Vuotto, 2011). Las indagaciones académicas que caracterizaron esta clase de políticas públicas las incluyeron en el conjunto de políticas socio laborales (Grassi, 2012) o las consideraron políticas socio productivas (Hopp, 2013). Asimismo, se centraron en identificar las formas de protección social que establecieron para los/as trabajadores/as de la economía social (Deux Marzi, & Hintze, 2014; Hintze, et al., 2011).

Entre estas políticas, se destacó el Programa Argentina Trabaja, lanzado en el 2009 y activo hasta principios de 2018. Pilar Arcidiácono y Ángeles Bermúdez (2015) identificaron en su diseño una combinación de elementos provenientes del capital humano, la economía social, el trabajo asalariado y los programas de transferencia de dinero a familias. El programa estipulaba la creación de cooperativas de trabajo conformadas por población vulnerable.

Estas cooperativas basaban su actividad en la demanda estatal y se concentraban en actividades de vivienda, infraestructura social y mantenimiento de espacios públicos (Vuotto, 2011). El programa tuvo su mayor despliegue en el Gran Buenos Aires, esto es, la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Su implementación a nivel local, así como la naturaleza de las actividades productivas estipuladas, otorgaron un rol destacado a los gobiernos municipales del denominado conurbano bonaerense y, de modo secundario, a las organizaciones políticas y sociales con presencia en tales territorios.

En este sentido, la literatura exploró las vinculaciones entre la política social, el cooperativismo, los territorios y el Estado en sus distintos niveles. Un conjunto de estudios examinó los impactos de este programa en las subjetividades de las clases populares destinatarias (Maneiro, 2015a) y la reconfiguración territorial que promovió, mediante las reapropiaciones de los actores y la recursividad de la política pública (Ferrari Mango, 2020). Otro grupo de indagaciones analizó el ciclo de acción colectiva protagonizado por las organizaciones de trabajadores/as desocupados/as abierto a partir del lanzamiento del programa (Maneiro, 2015b) y los modos de interacción entre gobiernos y movimientos sociales (Massetti, 2011; Natalucci, 2012). Por último, otras investigaciones describieron las transformaciones en el universo del cooperativismo a raíz del surgimiento de estas cooperativas, denominadas “inducidas” (Vuotto, 2011) o “sintéticas” (Hudson, 2016).

Hacia el 2012, el 76% de las cooperativas de trabajo activas estaban enmarcadas en políticas públicas de promoción de cooperativas (Acosta, et al., 2013). En particular, en el 2015, el Programa Argentina Trabaja ya había generado más de 5000 (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 2015), configurándose en un actor de peso -al menos por su magnitud- en el cooperativismo. En este contexto, cabe preguntarse ¿en qué medida esta revitalización del cooperativismo de trabajo promovida por el Estado abrió posibilidades para que se conformaran alternativas productivas y estrategias intersticiales de cambio social?

Un primer paso para aportar respuestas a tal pregunta radicó en discernir las formas socio productivas que configuró el programa y la organización del poder al interior de tales formaciones. En trabajos previos, y en línea con la perspectiva de Wright (2015) en torno a las utopías reales, se denominó esta vía de conformación de cooperativas como “incubada” por el Estado y se indagaron las limitaciones y potencialidades que plantea respecto al incremento del poder social en la economía. La peculiaridad de las cooperativas de trabajo, al menos desde el punto de vista jurídico y formal, reside en que brindan trabajo a los/las asociados/as que las integran. Así, constituyen una forma socioproductiva no estructurada a partir de relaciones asalariadas, en donde prevalece el poder social emanado del carácter asociativo del vínculo entre los/as trabajadores/as y de la autogestión como modo de organizar la producción. En el caso de las cooperativas del Programa Argentina Trabaja, se sostuvo que tiende a configurarse una forma de producción híbrida no mercantil con predominio del poder estatal. No obstante, esta forma habilita ciertos grados de empoderamiento social mediante la auto apropiación colectiva y la relativa autodeterminación que logran los/las trabajadores/as (Kasparian, 2017).

En este marco, el presente artículo propone dar un segundo paso para avanzar en las respuestas al interrogante planteado: analizar la conflictividad en estos espacios para aproximarse a la productividad del conflicto en tanto (re)creador de relaciones e innovaciones sociales (Coser, 1970; Simmel, 1904). Todo conflicto social refiere a un determinado tipo de relación social, esto es, de configuraciones de acciones en correspondencia, en la cual las acciones de al menos uno de los actores buscan obstaculizar las del otro (Rebón, 2007). Desde esta perspectiva, el conflicto es una relación social con una sugerente productividad sociológica, dado que se constituye en tópico a partir del cual abordar, por un lado, la configuración de los grupos sociales que entran en conflicto y las relaciones de poder; y, por el otro, la innovación y el cambio social en las cooperativas de trabajo producto de los conflictos.

Ahora bien, desde una perspectiva que aborda estas cooperativas en su carácter socio productivo, es decir, como espacios de trabajo y producción, el artículo plante las siguientes preguntas de investigación: ¿cuáles son las características de los conflictos de trabajo que emergen en estas formas socio productivas cuyos actores centrales son el Estado, las cooperativas y las organizaciones sociales? ¿En qué medida sus resultantes poseen efectos respecto a la potenciación de las experiencias cooperativas? Concretamente, este artículo indaga los conflictos de trabajo a los que dan lugar estas cooperativas, prestando especial atención a las vinculaciones de tales conflictos con las mencionadas características socio productivas de este tipo de unidades. Los desarrollos teóricos que nutren esta mirada provienen de aportes del neo marxismo en torno a los modos de producción y el conflicto social (Wright, 2010). En especial, resulta central la sugerencia de Wright (2010) acerca de los diversos tipos de contradicciones y confrontaciones potenciales que pueden desencadenar los distintos modos de producción y sus combinaciones en formas híbridas, es decir, formas de producción inter penetradas por diversas lógicas.

En la investigación, se utiliza la noción de “conflicto de trabajo” -acuñada en trabajos previos (Kasparian, 2017)- con el fin de tomar distancia del concepto de “conflicto laboral”, usado para designar oposiciones y enfrentamientos entre el capital y el trabajo en torno a las condiciones de consumo y venta de la fuerza de trabajo en el modo de producción capitalista (Edwards, 1990; Hyman, 1981; Marx, 2011). Por su parte, se sostiene que los “conflictos de trabajo” refieren a luchas en torno a sus condiciones de acceso, consumo y retribución; una perspectiva que excede la clásica relación social de empleo (Marañón-Pimentel, 2017; Quijano, 2013).

El artículo se enfoca en las interacciones contenciosas que se desenvuelven entre cooperativas, organizaciones sociales y Estado en el marco del Programa Argentina Trabaja. Las investigaciones en este sentido son escasas. Se han abordado las tensiones emergentes en la implementación del programa desde la perspectiva de la política social (Hopp, 2013) o a partir de la acción colectiva de las organizaciones sociales a raíz de su lanzamiento (Maneiro, 2015b; Natalucci, 2012). Lorena Bottaro (2012) señala que los sentidos y las prácticas de trabajo en los “nuevos espacios de trabajo” de las organizaciones sociales conformados a partir de los programas sociales con contraprestación laboral plantean tensiones en el desenvolvimiento de estas experiencias, entre representaciones sobre trabajo autogestivo y asalariado, entre prácticas asociativas e individuales, y entre relaciones horizontales y de liderazgo. No obstante, estos estudios no suelen focalizar en estas cooperativas en tanto formas socio productivas -de modo de analizar las formas de organizar el trabajo y la producción- ni en la conflictividad de trabajo inherente a éstas y a la tríada conformada por cooperativas, Estado y organizaciones sociales.

A partir de la estrategia del estudio de caso, el artículo indaga una cooperativa localizada en una barriada popular de la zona sur del Gran Buenos Aires, que se nuclea en una organización social de trabajadores/as desocupados/as. La emergencia de esta clase de organizaciones en la década del noventa se vinculó con una serie de transformaciones: en el mercado de trabajo, el desempleo y la precarización habían redundado en un descenso de los trabajadores sindicalizados (Maneiro, 2012); en el ámbito de la política social, las “políticas de individuación” (Merklen, 2013) habían otorgado centralidad a la mediación de líderes barriales relacionados con referentes político-estatales; en cuanto al Estado, los procesos de descentralización habían traspasado atribuciones y funciones desde el nivel nacional hacia los niveles provinciales o municipales (Oszlak, 2003). Todos estos procesos contribuyeron a colocar en el centro de la escena sociopolítica las arenas locales y la dimensión territorial.

Las organizaciones sociales de trabajadores/as desocupados/as nacidas al calor de estas transformaciones se caracterizaron por recurrir al “piquete” -forma específica de acción colectiva que consiste en el corte de rutas y otras vías de comunicación- para demandar trabajo, considerado el canal legítimo de acceso a los medios de reproducción. En un contexto de desocupación, empobrecimiento y despliegue de políticas sociales focalizadas, esta demanda de trabajo se especificó en la petición de vacantes en programas de empleo transitorio y en la gestión de tales recursos de origen público.

Al momento de lanzamiento del Programa Argentina Trabaja, la organización en la que se enmarca el caso analizado tenía presencia territorial en dos barrios, con aproximadamente veinte activistas en cada uno. En cuanto a su acción territorial, cada barrio desarrollaba un merendero comunitario y algunas actividades culturales y formativas (taller de murga, taller de costura, entre otras). En el marco del programa, la organización logró conformar dos cooperativas de trabajo, una en cada barrio de injerencia, convirtiéndose éstas en eje central de su acción.

A continuación, se desarrolla la metodología de la investigación. Luego, se analizan dos conflictos en la cooperativa del Programa Argentina Trabaja: el primero, en torno a la definición de la actividad productiva y, el segundo, respecto la lógica de la producción. Por último, se exponen algunas reflexiones finales en torno al desarrollo del cooperativismo a través de la política pública.

Método

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación es cualitativo y se basa en el estudio de caso instrumental (Stake, 2013) de una cooperativa del Programa Argentina Trabaja. Una de las principales fortalezas de la estrategia del estudio de caso es que posibilita una comprensión detallada y contextual de los procesos sociales (Neiman, & Quaranta, 2006; Stake, 2013). Ahora bien, el análisis de casos empíricos particulares se realiza en función de arribar a conclusiones con cierto grado de generalización. Es por esto que los casos deben ser clasificados en términos sociológicos e históricos para elaborar sistemas que transciendan el caso individual. El trabajo de campo se desarrolló entre 2010 y 2017 y se enmarcó tanto en la investigación doctoral de la autora como en proyectos de investigación colectivos 2.

Participantes

La presente investigación se centra en una de las cooperativas conformadas por la organización social de trabajadores/as desocupados/as presentada: la que logró sostener la actividad a lo largo del tiempo. Creada en 2010, su principal actividad es la limpieza de márgenes de la cuenca Matanza Riachuelo 3. De pequeño tamaño (alrededor de 15 personas), la cooperativa se compone principalmente de mujeres 4 con trayectorias laborales homogéneas, caracterizadas por la precariedad y la inestabilidad. Por su desempeño en la cooperativa, las trabajadoras sólo perciben los ingresos del subsidio estatal.

Las personas entrevistadas fueron, en su mayoría, trabajadoras de la cooperativa y activistas de la organización social. El informante clave entrevistado se trató de la autoridad de una federación nacional de cooperativas. Por su parte, la funcionaria municipal fue seleccionada a partir de criterios de accesibilidad y debido a que su trabajo en el gobierno local fue justamente gestionar el vínculo del Estado con las cooperativas del programa y las organizaciones sociales.

Instrumentos

Se triangularon distintas técnicas de recolección de datos. En primer, lugar se realizaron quince entrevistas semi-estructuradas: nueve a asociadas de la cooperativa y activistas de la organización social, cuatro a activistas de la organización social, otra a un informante clave y, por último, una a una funcionaria municipal. La validación de los datos generados por las entrevistas y la definición de la cantidad de las mismas se realizó a partir de la saturación de los datos. Las guías de entrevista recabaron información sobre la historia de la cooperativa y sus hitos conflictivos, junto con las percepciones de las trabajadoras sobre aquellos. Para identificar los principales clivajes y divisorias se exploraron elementos tales como las modalidades y los criterios distributivos, las rutinas de trabajo y sus formas de organización, las relaciones de propiedad, las características de la organización social y los vínculos con el barrio. La entrevista al informante clave permitió consolidar un mapa del cooperativismo en la Argentina y conocer algunas particularidades sobre las cooperativas incubadas por el Estado. La entrevista a la funcionaria municipal giró en torno a la implementación del programa en la localidad de referencia y a las relaciones entre el gobierno y las organizaciones sociales.

Se adicionó la observación participante, ya que ésta permite acceder a un fragmento de la realidad social que excede lo expresado por las personas entrevistadas. Entre la “observación” y la “participación” nos situamos más cerca de la primera (Guber, 2011). Las observaciones se desarrollaron tanto en el lugar de trabajo como en otros espacios que determinó el curso de la investigación (movilizaciones, actos y manifestaciones en la vía pública, actividades sociales o políticas organizadas por la organización social, reuniones informales de la cooperativa, y reuniones entre las cooperativas del barrio y las autoridades del programa). Además, durante el trabajo de campo la autora se desempeñó como docente de una diplomatura universitaria sobre economía social dirigida a trabajadores/as del programa. Esto ofició de puerta de entrada a un sinnúmero de experiencias y cooperativas que permitieron enriquecer el análisis del caso.

Asimismo, para contar con una caracterización general del plantel laboral, se aplicó un breve cuestionario semi-estructurado a once trabajadoras de la cooperativa. Este instrumento contó con preguntas sobre las siguientes dimensiones: datos sociodemográficos, trayectorias laborales y de percepción de planes sociales, participación política y valoraciones sobre el Programa Argentina Trabaja. Por último, se sistematizaron y el analizaron fuentes primarias (fotografías tomadas durante el trabajo de campo para complementar los registros de las observaciones) y secundarias. Éstas se trataron de documentos de la cooperativa (organigrama y normas de convivencia facilitados por la cooperativa) y artículos periodísticos sobre la conflictividad en torno al programa en la localidad de referencia, publicados tanto en un medio de comunicación de alcance nacional como en diarios locales o medios alternativos.

Análisis

Las entrevistas fueron grabadas y luego transcriptas en su totalidad. Los datos producidos con la técnica de la observación fueron registrados en cuadernos de campo inmediatamente después de las observaciones. Las notas de las observaciones se conformaron de registros descriptivos, así como de elementos analíticos u interrogantes surgidos durante las mismas. A partir del análisis cualitativo de las entrevistas, las observaciones y las diversas fuentes se identificaron conflictos de trabajo que fueron reconstruidos narrativamente. Interesó captar la secuencia de acciones e interacciones, así como las formas de acción desplegadas -acciones colectivas directas o institucionales- (Rebón, & Pérez, 2012; Tilly, 2000) y las motivaciones y demandas planteadas -demandas por la autonomía en el trabajo o motivaciones vinculadas a la necesidad de subsistencia-. Además, se abordaron las características de los grupos intervinientes y de los clivajes activados en sus relaciones, y el procesamiento de los conflictos y sus resultantes. En suma, el diseño de la investigación delineado posibilitó la reconstrucción diacrónica del caso y de sus conflictos de

trabajo.

Consideraciones éticas

El proyecto de investigación fue aprobado por las instituciones de afiliación de la autora: la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. En el transcurso de la investigación, las personas entrevistadas y observadas fueron informadas sobre los objetivos de la pesquisa y prestaron su consentimiento y voluntad de participar. Además, se solicitó autorización para grabar las entrevistas. Se optó por mantener el anonimato de la cooperativa, la organización social, los/as informantes y las locaciones geográficas específicas, aunque sin perder la ubicación contextual, histórica y sociológica del caso. Al respecto, aunque el uso de nombres ficticios no garantiza el anonimato de los/as informantes, es la manera en que se puede asumir la responsabilidad autoral sin perjudicar a las personas que colaboran en la investigación.

Resultados y discusión

Definir la actividad productiva: El conflicto con el Estado por la autonomía en el trabajo

La cooperativa constituye una forma social híbrida, en la cual el poder estatal es dominante en la dirección y supervisión del proceso productivo, y la autoadministración del colectivo laboral se obtiene, principalmente, gracias a la libre disponibilidad de los medios de producción. Esto genera un clivaje entre los/as funcionarios/as estatales y las cooperativistas, en el cual éstas últimas se encuentran subordinadas a los/as primeros/as. Sin embargo, la figura jurídica de la cooperativa y su inclusión en una organización social son factores que tienden a brindar cierta autonomía al colectivo de trabajadoras, así como capacidad de resistencia y negociación. De este modo, atenúan la dominación y el carácter vertical de la relación entre cooperativistas y funcionarios/as estatales.

Una vez conformadas las cooperativas en el marco del programa, las actividades productivas que desarrollarían eran estipuladas en convenios elaborados por el Gobierno nacional junto con el municipal y, luego, rubricados por las cooperativas. Cabe mencionar que, en principio, el subsidio otorgado por el programa no se modificaba según la actividad asignada. Ahora bien, a pesar de no implicar diferencias en los ingresos, en la cooperativa analizada -así como en tantas otras- lograr definir la actividad productiva, así como el espacio en donde se efectuaría, se constituyó en un nudo relevante de conflictividad de trabajo. En otras palabras, no sólo importaba acceder al subsidio, sino también obtener mayores grados de autonomía para decidir qué trabajo realizar: “Nosotros estamos en una organización social en la cual peleamos muy duro para estar en el barrio. Porque el Municipio nos quería mandar a limpiar el centro de la localidad” (Verónica, asociada de la cooperativa, octubre de 2012).

Así, la demanda por desarrollar un trabajo autónomo, respecto a la capacidad de definir qué trabajo realizar y dónde hacerlo, se ubicó en el centro de la escena en los primeros momentos de implementación del programa. En efecto, la firma de los convenios generó desacuerdos y tensiones entre el Municipio y las cooperativas de la localidad, pues los criterios para definir las actividades de acuerdo a “la necesidad del Municipio” se contraponían con los criterios, necesidades y demandas delineados por las cooperativas. La firma de los convenios fue un momento en el que el poder estatal en la forma socioproductiva se evidenció con toda su magnitud y, tal como plantea una funcionaria municipal, las cooperativas “libertad para elegir no tenían”:

‘Y ahí entrábamos en conflicto porque quizá una [cooperativa] no quería hacer saneamiento, sino pintura. Ahí sí que libertad para elegir no tenían. […] Porque por ahí ellos querían esto de “nosotros queremos limpiar la puerta de nuestra casa”. No, no, [la definición de las actividades productivas] se ajustaba a la necesidad del Municipio y eso nosotros lo dejamos bien en claro. Creo que en casi todos los municipios fue así, más allá de que las ganas de la gente pasaran por otro lugar, por querer dar o arreglar o sumar en su barrio. Que es súper entendible también, ¿por qué te mandan a levantar bolsas de basura del centro cuando en tu barrio tenés las bolsas de basura?’ (Funcionaria del municipio de referencia, junio de 2016)

Ahora bien, ¿cuáles eran exactamente los criterios construidos por las trabajadoras de la cooperativa analizada para estipular qué actividad productiva era la más necesaria o deseada? Al preguntar a una de las asociadas por su trabajo preferido a lo largo de su trayectoria laboral, ella contestó: “Acá porque estamos más cerca y al menos podemos ayudar un poco al barrio. (…) Entonces nosotros discutimos por trabajar en nuestro barrio, que la gente nos conozca” (Luz, asociada de la cooperativa, septiembre de 2014). Esta cita permite observar que las asociadas de la cooperativa configuraron dos criterios complementarios para la definición de la actividad que aquella debía realizar.

Por un lado, la ayuda al barrio de acuerdo a sus necesidades. Por el otro, la búsqueda de reconocimiento por parte de los/as vecinos/as. Sostenemos que estos criterios se relacionan con la lógica de la producción de esta cooperativa, cuyo fin no es sólo la subsistencia de las trabajadoras sino también la acumulación política de la organización social de la que la cooperativa forma parte. En consecuencia, desde la perspectiva de algunas trabajadoras y activistas de la organización social un trabajo es aquel que se realiza para el propio territorio. Dicho de otro modo, “no fue fácil porque él [el intendente] nos quería mandar al centro a juntar hojas, o a barrer, y nosotros queríamos hacer trabajo para el barrio. Trabajar, trabajar, no estar barriendo” (Paula, miembro de la organización social, septiembre de 2011. La itálica resalta el énfasis de la entrevistada). A partir de estos criterios, dentro de los módulos delineados por el Municipio, la cooperativa de trabajo decidió que la actividad a la que quería dedicarse era la limpieza del canal de un arroyo que se ubica frente al local de la cooperativa.

Así planteada la situación, observamos que la lucha por definir la actividad productiva de la cooperativa se relaciona con la presencia de dos lógicas de acumulación política contrapuestas: la del Estado y la de la organización social. Puesto que la dominante es la lógica estatal, sobreviene la lucha por parte de la cooperativa inserta en la organización social con el objetivo de imponer la propia. Sin embargo, no siempre se recurre a la acción colectiva directa, es decir, no mediada por la institucionalidad dominante (Rebón, & Pérez, 2012), sino que es posible resolver ciertas cuestiones a través de negociaciones y gestiones:

‘Porque el mismo Gobierno también se da que no quiere que el país vea que está lleno de problemas. […] Y, bueno, algunas veces se consigue con las gestiones solamente, no hace falta que cortemos [las calles]’ (Daniel, asociado de la cooperativa, octubre de 2012)

Tanto la cooperativa como el Gobierno municipal desplegaron estrategias para dar la lucha “por otros medios”, evitando el despliegue de un conflicto abierto. Por ejemplo, mientras que la cooperativa demoró la firma del convenio por no tratarse del módulo de trabajo deseado, las autoridades municipales respondieron a esta acción con el envío de cartas documento citando a firmar el convenio y solicitando al Ministerio de Desarrollo Social del Estado nacional la demora en las liquidaciones y los consiguientes pagos de las remuneraciones. Esto último desembocó en que la cooperativa analizada, junto a otras cooperativas y organizaciones cercanas a aquella, efectuaran acciones directas, tales como movilizaciones frente al centro de gestión de cooperativas del Municipio e, incluso, su ocupación. Finalmente, en parte mediante estas acciones, en el 2011 la cooperativa logró obtener el módulo de limpieza del arroyo.

Sin embargo, en diciembre de 2013 sobrevino otro conflicto cuando la cooperativa perdió el módulo debido a supuestas inasistencias al trabajo por parte de las asociadas. La cooperativa se defendió argumentando no sólo la mala fe del empleado municipal encargado de registrar la asistencia, sino también defendiendo otras modalidades de contemplar tal temática. Por un lado, dado que la mayoría de las trabajadoras eran madres, resultaba necesario contemplar la asistencia a los cierres lectivos de sus hijos/as. Por el otro, no considerar estas situaciones y estipular regulaciones del trabajo rígidas se oponía a las modalidades de establecer relaciones en la organización social:

‘Después, el tema de llamar al inspector, de supervisar, de que a qué hora entran. No, si ellos nos hacen eso, nosotros perdemos puestos de trabajo también porque internamente tenemos que ayudar a muchos compañeros que tienen sus cuestiones familiares. Y si tomamos la formalidad de ellos estamos excluyendo a un montón de gente. Y ellos no entienden eso porque no están acá en el barrio’ (Ariel, miembro de la organización social, septiembre de 2011)

A raíz de esta decisión, la cooperativa efectuó una serie de acciones colectivas tanto institucionales como directas. Por un lado, entregaron a las autoridades estatales un petitorio firmado por los/as vecinos/as. Por el otro, realizaron movilizaciones en el centro de la ciudad de Buenos Aires y volvieron a ocupar el edificio municipal vinculado al programa. Finalmente, una resultante sugerente del conflicto es que además de mantener el módulo de limpieza del canal, la cooperativa logró instalar modalidades diferentes de considerar la cuestión de la asistencia, pues se otorgaron mayores grados de flexibilidad y se estableció un sistema de control por parte de la cooperativa de los registros de asistencia efectuados por los/as funcionarios/as estatales, denominado “presentismo cruzado”.

En suma, en el análisis del conflicto de trabajo por la autonomía en la definición de la actividad productiva, es decir, por las condiciones en las que se consume el trabajo, se observa que los agrupamientos que entran en conflicto son las trabajadoras de la cooperativa, a la vez que integrantes de la organización social, y el Estado. Éste se constituye en el locus del conflicto: el Estado es el enemigo común, el objeto de las demandas por la autonomía en el trabajo, que contribuye a la unificación de las cooperativistas. Ahora bien, dada la forma socioproductiva, en la cual el actor estatal posee un carácter relativamente interno al proceso productivo, se configura una relación pendular con el Estado. Mientras que por momentos son posibles las negociaciones y las acciones institucionales por parte de la cooperativa, en otras instancias la lucha por la autonomía en el trabajo desemboca en conflictos abiertos y en acciones directas.

Esta modalidad de relacionamiento entre Estado y organizaciones sociales, en la cual aquel es el interlocutor principal de la demanda de trabajo, combina acciones directas e instancias de negociación, posibilitadas por la adquisición de habilidades y el aprendizaje de mecanismos por parte de los miembros de organizaciones sociales respecto a los modos de funcionamiento de las dependencias estatales (Manzano, 2009). Cabe destacar que como resultante del conflicto no sólo se logra mantener la actividad productiva, sino que también se establecen dispositivos de cogestión en las modalidades de organizar y controlar la asistencia al trabajo.

El hecho de que las luchas que demandan la autonomía en el trabajo se expresen en el conflicto en torno a la actividad productiva evidencia que la importancia otorgada por las integrantes de la cooperativa a realizar tal actividad en el barrio se encuentra enmarcada en las lógicas territoriales de la politicidad popular (Merklen, 2005). Lograr el desarrollo de una actividad que habilite la permanencia en el barrio es central para la construcción política de la organización social que alberga a la cooperativa. Así, las distintas lógicas presentes en la forma socioproductiva que configura la cooperativa resultan complementarias: mientras que la organización social promueve la limpieza del arroyo en tanto estrategia de construcción político-territorial, las trabajadoras que no participan de las actividades de la organización social encuentran el beneficio en colaborar con el territorio y en permanecer en las inmediaciones de la barriada durante el trabajo cotidiano. Por el contrario, estas lógicas entran en tensión en el conflicto que analizamos a continuación.

Subsistir y acumular: El conflicto interno por la lógica de la producción

Una vez conformada la cooperativa y definida la actividad a desarrollar, sobrevino otro tipo de conflicto, en el cual el Estado dejó de ser el locus. En este apartado se examina el conflicto de trabajo que desembocó en la desvinculación de dos asociadas.

En la cooperativa, los ritmos, tipos y cantidades de trabajo varían entre las asociadas. Esta diferencia es percibida por las cooperativistas como una consecuencia de la diferente predisposición al trabajo de las “jóvenes” y las “mayores”. Una de las trabajadoras “jóvenes” señala que las “mayores” trabajan más y que esto produce tensiones en el grupo. No obstante, dada la relativa autonomía de la que goza la cooperativa durante el trabajo cotidiano, señala que este plus de trabajo deriva de la “auto exigencia de las personas mayores”, razón por la cual pierde sentido su malestar (Analía, asociada de la cooperativa, noviembre de 2012). Durante una observación de la jornada de trabajo en donde el interés radicaba en la dinámica de la relación entre ambos grupos y mientras compartía un diálogo con algunas de las trabajadoras “mayores”, registré lo siguiente:

‘Frente a mi pregunta acerca de los ritmos de trabajo, las mayores me comentan que es un tema que provoca discusiones tanto en las jornadas de trabajo como en las asambleas. A Elena le parece injusto que todas cobren lo mismo si no trabajan igual. No obstante, prefiere no cambiarse de cooperativa porque ya conoce cómo se maneja todo en ésta. Por ejemplo, si llega tarde por algún motivo personal, sabe que no va a tener problemas y le da temor equivocarse o arrepentirse si se cambia de cooperativa, como sí lo hicieron otras dos compañeras’ (Registro de campo, mayo de 2015)

Ahora bien, la indagación de la jornada de trabajo no resulta suficiente para examinar esta tensión entre las trabajadoras. Si observamos las actividades políticas de la organización social, descubrimos que las asociadas “jóvenes” son las que las sostienen, y que esta multiplicidad de actividades es contemplada en el registro de presentismo en la cooperativa:

‘[Trabajo] en el tema del arroyo que estamos limpiando. Pero también yo estoy en el tema de la organización, el tema del comedor y todo eso. O sea, [si falto a la cooperativa] no me pasan la falta porque estoy haciendo cosas del movimiento’ (Verónica, asociada de la cooperativa, octubre de 2012)

En el trascurso del trabajo de campo, participé de un festival de la organización social realizado un fin de semana de verano en la plaza del centro de la localidad. En aquella oportunidad, solo encontré a la presidenta de la cooperativa y a una de las trabajadoras “jóvenes”, quien me comentó que “algunas [compañeras] están de vacaciones, algunas son grandes y no pueden, otras hacen y mandan comida para vender en el festival, y otros directamente no vienen y no hacen nada”. Entonces le pregunté cómo evaluaba que algunas “no hacen nada” y ella me contestó que le molestaba y que siempre se discute en las asambleas. (Analía, asociada de la cooperativa, registro de campo, febrero de 2016).

En efecto, observamos que la divisoria generacional que, a primera vista, parece ordenar las discusiones acerca del trabajo que aporta cada una, en realidad se construye sobre diversas vinculaciones con la organización social, las cuales producen diferentes concepciones y valoraciones sobre el trabajo. Mientras que un grupo de trabajadoras prioriza el trabajo en la limpieza del arroyo, otro lo hace con la participación en el comedor, las manifestaciones y demás actividades de la organización social. Esta división del grupo de trabajadoras se construye sobre el acople entre la cooperativa y la organización social.

De hecho, como vimos en el apartado anterior, si bien la inclusión de la cooperativa en una organización social potencia la autonomía de la comunidad de trabajadoras respecto al Estado, también genera tensiones, dada la combinación de distintos propósitos de producción. En este sentido, advertimos que la producción en la cooperativa se orienta al mantenimiento del subsidio para el consumo de subsistencia de las trabajadoras, en el marco de lógicas de acumulación política del Estado y, también, de la organización social. En suma, estas discusiones podrían resumirse en términos de una tensión entre dos agrupamientos de asociadas: aquellas que priorizan la lógica del consumo de subsistencia y aquellas que priorizan la de la acumulación política de la organización social.

En estas discusiones y tensiones el Estado deja de estar presente como el objeto de las demandas e, incluso en algunos casos, las autoridades estatales pueden intervenir en los conflictos como actores externos:

‘Muchas cooperativas tenían conflictos internos. Empezaban a desconocer a la autoridad. Porque lo que hacían muchas organizaciones era llevar al límite el conflicto de decir “bueno, no vamos a trabajar” y eso implicaba el riesgo de que la gente no cobre. Y cuando la gente veía que peligraba su ingreso, decidía abrirse; entendían que desde el centro de gestión de cooperativas del Municipio empezó a tener oído el cooperativista más allá de la organización. Esto les generó cierta independencia y muchas veces entre ellos se enfrentaban al cuerpo administrativo y lo disputaban. Empezaron a surgir conflictos internos por la puja de poder’ (Funcionaria del municipio de referencia, junio de 2016)

Ahora bien, cuando no llega a conformarse un colectivo consolidado que se oponga a la lógica de la acumulación de la organización social, ni tal lógica pone en peligro las remuneraciones de los cooperativistas, se evitan los conflictos que describe la funcionaria municipal. En el caso analizado, a raíz de estas tensiones, se desenvolvieron conflictos de carácter individual que desembocaron en las desvinculaciones voluntarias de cooperativistas y en su pase a otras unidades productivas del programa.

El primer caso de desvinculación es el de Viviana, una asociada de edad intermedia que no solía participar en las movilizaciones protagonizadas por la organización social ni en otro tipo de actividad vinculada a ésta. Dos motivos resultan centrales para comprender su desvinculación y ambos se asocian con la tensión entre aquellas asociadas que se encuentran más cercanas a la lógica de consumo y aquellas más cercanas a la lógica de acumulación política de la organización. Por un lado, la cooperativa a la que se asoció Viviana luego de la desvinculación no solía participar de acciones colectivas de protesta. De este modo, la nueva cooperativa relevaba a Viviana de tal tarea. Por el otro, el modo de distribuir unos fondos adicionales destinados a las cooperativas, en este caso particular, resultaba en un aumento de las remuneraciones individuales, en detrimento de la utilización de tales fondos para otros fines, generalmente propios del activismo en organizaciones sociales (por ejemplo, la construcción de los locales de las organizaciones).

El segundo caso es el de Sonia, una asociada de edad avanzada, que tampoco participaba en las actividades o acciones de la organización social. Un malentendido en cuanto a los pagos resultó en que Sonia, junto a la responsable de organizar los pagos individuales, se encontrara involucrada en un faltante de dinero. Frente a esta situación, en asamblea se decidió sancionar a ambas. Cada una debió aportar la mitad del dinero faltante. Mientras que la responsable de distribuir los pagos individuales aceptó la sanción, Sonia acusó a la organización de que “le estaba robando” (Registro de campo, mayo de 2015). A partir de este incidente, decidió cambiarse de cooperativa. Sonia percibió la sanción como un robo por parte de la organización y una vulneración de su remuneración. Esto se relaciona con la percepción de las trabajadoras “mayores” de que las “jóvenes” no trabajan. En este sentido, es sugerente una conversación con la presidenta de la cooperativa en referencia a la partida de Sonia:

‘Lo que sucede es que las jóvenes piden que no sólo se trabaje, sino que también se participe de las otras actividades. Y a las que no son jóvenes no les gusta eso. No se apropian de lo que significa el programa, la organización, etc.’ (Adriana, asociada de la cooperativa, junio de 2015)

En suma, el motivo que subyace a ambas partidas se encuentra asociado a las remuneraciones, es decir, a las condiciones en que se retribuye el trabajo. Las asociadas desvinculadas perciben que el propósito de la cooperativa orientado a aportar recursos para el consumo de subsistencia de sus trabajadoras se ve vulnerado y tensionado por lógicas de la organización que ellas no comparten. Así, si bien estas desvinculaciones resultan, a primera vista, problemas “personales” y no colectivos, a través del análisis se puede entrever que los conflictos implican una lucha entre lógicas productivas y entre concepciones de trabajo que contraponen el de limpieza del arroyo estipulado en el programa y aquel que abarca el activismo en la organización social.

Cabe advertir que ambas desvinculaciones se encuentran facilitadas porque la cooperativa comparte el módulo constructivo con otras dos presentes en el mismo territorio, lo que permite que se establezcan relaciones cercanas con otras organizaciones sociales. Así, las trabajadoras que perciben que la lógica de orientación al consumo se encuentra tensionada por otras lógicas de acumulación, encuentran mayores posibilidades de reinsertarse en otra cooperativa. En efecto, una vez que corremos el eje del Estado como objeto de las demandas, observamos que tienen lugar disputas entre las asociadas y que incluso las otras organizaciones sociales con las que se comparte el módulo constructivo y el territorio pueden volverse adversarias en la lucha por la acumulación político-territorial.

Conclusiones

Los inicios del siglo XXI en la Argentina fueron escenario del crecimiento y la revitalización de las cooperativas de trabajo. A través del desarrollo de políticas sociales, el Estado fue un actor preponderante de este resurgir del cooperativismo que, además, mediante la implementación de tales políticas, involucró a gobiernos locales y organizaciones sociales con una presencia territorial construida desde fines de la década del ochenta. Al analizar los conflictos de trabajo en estas unidades productivas, nos acometemos a examinar el potencial del cooperativismo, en su articulación con el Estado y las organizaciones de base territorial, para incrementar el poder social y la democratización económica.

La promoción estatal del cooperativismo y la economía social se enmarcó en un proceso regional amplio -e incluso global a partir de la crisis internacional de 2008 (Satgar, 2014)- en el que convergieron distintos gobiernos, experiencias preexistentes de la sociedad civil y organismos internacionales. Entre las distintas políticas implementadas en la región, que incluyeron el fortalecimiento organizativo y productivo de las experiencias, la capacitación de sus trabajadores, la adecuación de marcos legales y el financiamiento, algunas se orientaron directamente a la conformación de cooperativas de trabajo. Para nombrar sólo algunos casos, en Brasil, la Secretaría Nacional de Economía Solidaria contó entre sus acciones con la creación de incubadoras de emprendimientos económicos solidarios (Bechara Sánchez, & Sardá de Farías, 2013).

En Venezuela, la conformación de cooperativas se combinó con la gestación de una forma asociativa de producción ad hoc: las empresas de producción social (Hintze, 2010). Concluidas -en muchos casos- estas experiencias, a raíz del cambio de signo de los gobiernos en la región, resulta acuciante profundizar en la sistematización de las iniciativas de incubación estatal de cooperativas y realizar balances de los caminos recorridos. En este marco, el presente artículo busca abonar a una línea de investigación que evalúe los múltiples modos de promover el cooperativismo y la economía social desde el Estado para construir sociedades más justas e igualitarias en Latinoamérica, sin soslayar las dimensiones contenciosas del cambio social.

La cooperativa analizada representa una forma de organizar socialmente la producción orientada a la reproducción de sus trabajadoras, pero a su vez regida por lógicas de acumulación político-estatista y, subsidiariamente, político-territorial de la organización social que la alberga. De este modo, la lógica de la producción se encuentra tensionada entre la reproducción de las trabajadoras y la acumulación política en sus variadas formas. La lucha por lograr definir y mantener la actividad de limpieza del arroyo se orienta a obtener mayores grados de autonomía en el trabajo y escapar a la subordinación estatal que a priori plantean el diseño y la implementación del programa.

En el conflicto en torno a la lógica de la producción, el acople entre la organización social y la cooperativa genera oposiciones entre las trabajadoras. Más allá de la lógica de producción predominante estipulada por el Estado, dos propósitos de producción -aunque complementarios por momentos- tensionan a la cooperativa: el consumo de subsistencia de las trabajadoras y la acumulación político-territorial de la organización social. Estas lógicas dan lugar a distintas concepciones sobre el trabajo que desembocan en conflictos de carácter individual en torno a las retribuciones.

Estos patrones de la conflictividad de trabajo en la cooperativa permiten ensayar análisis sobre el devenir del cooperativismo “incubado” y enmarcado en la acción político-territorial de organizaciones sociales. El territorio no sólo refiere a un espacio geográfico determinado sino también a coordenadas dentro de las cuales se desarrollan relaciones sociales. Estas relaciones incluyen tanto lo cotidiano y comunitario, como el despliegue de la política (Arias, 2013). En este sentido, el Programa Argentina Trabaja abonó al crecimiento de la participación de las formas políticas territoriales y las vinculó con el universo del cooperativismo.

Una afirmación recurrente sostenida en los ámbitos del cooperativismo -si bien con sus matices, a nivel global- es que éste debe evitar la pérdida de su autonomía desentendiéndose de “la política”, entendida como aquella ejercida desde los aparatos estatales. Sin embargo, esta investigación da cuenta de que el Estado puede ser una vía potente de generación de asociativismo en los territorios. De hecho, durante la primera década y media de este siglo, múltiples Estados latinoamericanos impulsaron diversos procesos de democratización no sólo económica sino también política. Con las limitaciones apuntadas, este artículo señala que el programa generó espacios de cogestión.

Claro que los actores de la sociedad civil fueron fundamentales en la consolidación de tales espacios; las luchas de las organizaciones sociales no pueden ser soslayadas. Si bien dependerá de los grados de organización de las sociedades civiles en los distintos países de la región, los movimientos sociales en “las calles” son actores centrales para la activación y consolidación del cambio social. Este artículo ilustra que si bien la conformación de cooperativas -una forma jurídica tendiente a la democracia y la autogestión- fue promovida por la política pública, las acciones de las organizaciones sociales que las albergaron permitieron la apropiación y profundización del ideario cooperativista.

Sin embargo, esto no implica adscribir a una visión acrítica o romántica de las organizaciones sociales. Cuando a principios de 2018 se anunció el cierre del programa, no se registraron acciones relevantes de aquellas a favor de mantener las cooperativas. Si bien no contamos con datos certeros sobre la cantidad que sobrevivió al programa, sabemos que son pocas. En este sentido, resta indagar las razones detrás de esta magra supervivencia.

En efecto, la investigación permite sostener que en la sinergia entre Estado y organizaciones sociales se pueden encontrar vías fértiles de incremento del poder social, y no priorizando -o negando- uno u otro polo de la relación. En definitiva, la investigación social da cuentas, una vez más, de la productividad del conflicto para promover sociedades más igualitarias y democráticas. En un contexto de recrudecimiento del neoliberalismo y de ascenso de los gobiernos de derecha en la región, pero también de renovadas resistencias de los sectores populares y de izquierda, consolidar los conocimientos sobre el cooperativismo y la economía social resulta un mojón invaluable en el camino del cambio social.

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Nota

1 Entre 2003 y 2015, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, además del programa analizado en este artículo, podemos mencionar el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra, el Programa de Microcréditos, la Marca Colectiva y el Monotributo Social. En el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se desarrollaron el Programa de Trabajo Autogestionado y el de Promoción de Empleo Independiente y Entramados Productivos. Además, existieron algunas iniciativas en otras dependencias estatales. Entre éstas, destacamos el Programa Capital Semilla en el Ministerio de Industria; el Programa de Educación y Capacitación Cooperativa y Mutual y el Programa de Ayuda Financiera en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; el Programa Recuperar el Trabajo, el Subprograma de Asistencia en Gestión de Proyectos Productivos y el Subprograma de Comercio Electrónico en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial; el Programa Pro Huerta y el Programa Minifundio en el Instituto de Tecnología Agropecuaria; y el Programa de Cooperativismo y Economía Social en la Universidad en la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.

2 Cabe mencionar el Proyecto de Investigación Plurianual “Trabajo, redes territoriales y acción piquetera. El impacto del Plan Argentina Trabaja (PAT) en un movimiento de trabajadores desocupados del Gran Buenos Aires” del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina (convocatoria 2012-2014), coordinado por María Maneiro, así como las investigaciones realizadas en el Taller de Investigación sobre Cambio Social de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, cuyo profesor titular es Julián Rebón, y en el Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas del Instituto de Investigaciones Gino Germani, coordinado por Rodrigo Salgado.

3 Esta cuenca hidrográfica abarca 2.200 km² y atraviesa la ciudad de Buenos Aires y 14 partidos de la provincia.

4 Por esta razón, a partir de aquí utilizamos el femenino para referirnos a los/as trabajadores/as de la cooperativa.

Financiamiento

5 Financial disclosure Universidad de Buenos Aires y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).