Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, Vol. 17, No. 3 (2018)

Doi: 10.5027/psicoperspectivas-Vol17-Issue3-fulltext-1294
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Jorquera-Álvarez and Piper Shafir: Revisión de estudios sobre violencias políticas realizados en la última década



Violencia es una forma de calificar acciones sociales en ciertos contextos, siendo ejercida y denominada en el marco de relaciones de poder. Esto implica que no es un fenómeno único, sino que la acción es designada y connotada desde diversas posiciones, teniendo como efecto su legitimación o deslegitimación. Existe una amplia producción sobre el concepto de violencia, siendo abordada principalmente en relación a sus ámbitos de ejercicio: violencia escolar, de pareja, doméstica, intrafamiliar, urbana y ligada a delincuencia o narcotráfico. Aunque todas estas formas de violencia pueden ser interpretadas políticamente, no son el objeto central de esta revisión. Toda violencia está constituida por una dimensión política (por tanto, se puede decir que toda violencia es política), no obstante, nuestra preocupación para este escrito se centra en aquellas conocidas específicamente como violencias políticas. Es decir, las que ocurren en el marco de acciones dirigidas a preservar, modificar, sustituir o destruir el modelo de Estado o de sociedad vigente (CINEP, & Justicia y Paz, 1996). La violencia puede ser instrumentalizada tanto por el poder como por la resistencia, por lo que es posible considerar entre las violencias políticas aquellas ejercidas desde el poder estatal en contextos de disputa política, así como las empleadas por personas o grupos civiles que se encuentran en posición de resistencia ante este poder.

Es preciso tener en cuenta los principales referentes conceptuales sobre la noción de violencia vinculada al ámbito político. Muchos de los referentes teóricos sobre la violencia se han preocupado por explicar su relación con el poder, con el Estado y con las estructuras sociales. Para Arendt (2005) la violencia es un medio que no necesariamente es inherente al poder, pues esta se desencadenaría cuando el consenso del poder se deteriora. En este sentido, tendría un carácter racional en la medida que sea efectiva para su fin. A su vez, Foucault elabora elementos para analizar la violencia a partir de su conceptualización del poder y los dispositivos de soberanía, disciplinarios y de seguridad. El poder desde esta mirada es siempre violento "en sus ramificaciones últimas, en su nivel capilar" (Foucault, 2005, p. 31), al afectar de forma física, directa, al cuerpo del individuo. La violencia sería ubicua a las relaciones de poder y estaría presente en todos estos dispositivos, siendo racionalizada de diferente modo en cada uno. Mientras es directa, desatada y discontinua en los dispositivos de soberanía, se hace más sutil y continua en los de disciplina, así como productiva y mediata en los de seguridad (Foucault, 2006).

Las reflexiones sobre la relación entre violencia y Estado, por otra parte, se encuentran fuertemente ligadas al “dilema filosófico” de las pasiones humanas (como la violencia) y su regulación o superación a través de la razón, expresada en la idea de sociedad (Braud, 2006). Esta perspectiva sustenta la concepción del Estado como una instancia central que regula la violencia egoísta y los deseos de poder de los individuos. Esto lo realizaría a través de la imposición de un orden que se mantiene mediante coerción, monopolizando el ejercicio legítimo de la violencia y expulsándolo de los individuos.

Otros planteamientos definen la violencia como un elemento estructurante en la sociedad, ya sea como “violencia estructural” (Galtung, 1998) o como “violencia simbólica” (Bourdieu, & Wacquant, 2008). En ambos casos, el concepto incorpora características de la desigualdad y la dominación. Pero también se ha vinculado con las estructuras sociales, identificando el conflicto social como un factor que precipita las manifestaciones violentas. Esto, aunque reconocen que el conflicto social también permitiría corregir falencias y cohesionar grupos al fortalecer las identidades colectivas involucradas (Coser, 1961). En esta línea existen diversos modelos que analizan los factores determinantes en la aparición de violencia política, vinculando sus causas con factores económicos (Davies, 1962; Gurr, 1974; Huntington, 1990).

Otras perspectivas se preguntan por las causas individuales del uso de la violencia, dividiéndose entre dos miradas sobre el problema: atribuir las acciones a individuos cuya personalidad tiene predisposición a la violencia o considerar que las acciones son efectuadas por "personas comunes" que en ciertas circunstancias ejercen violencia. Entre los primeros podemos considerar los estudios sobre rasgos físicos o psicológicos que inciden en las posibilidades de ejercer violencia (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, & Sanford, 2006; Fromm, 2005; Lombroso, s.f.), su concepción como instinto (Lorenz, 2005) o como rasgo constitutivo de la personalidad (Freud, 1986; 1986b). Por otra parte, autores como Girard (2005) e Imbert (1992) se han preguntado por los significados de las acciones violentas. De esta forma, han aportado con reflexiones sobre la trivialización y racionalización instrumental de la violencia en las sociedades modernas.

Estos elementos teóricos sirven como base conceptual para abordar las investigaciones actuales sobre violencias políticas. Considerándolos como punto de partida, indagamos cuáles están siendo los puntos de llegada de dichas investigaciones. A partir de estas conceptualizaciones teóricas, ¿qué preguntas se están planteando en las investigaciones sobre violencias políticas contemporáneas? ¿Qué aspectos se están trabajando con mayor profundidad y cuáles han sido menos abordados?

Guiada por estas preguntas, el objetivo de esta revisión es identificar y caracterizar las investigaciones publicadas durante la última década en torno a las violencias políticas contemporáneas en Latinoamérica y España. Se entiende por violencias políticas aquellas que ocurren en el marco de acciones dirigidas a preservar, modificar, sustituir o destruir el modelo de Estado o de sociedad vigente (CINEP, & Justicia y Paz, 1996), siendo utilizada tanto por el poder como por la resistencia. Se consideran como contemporáneas aquellas que refieren a los sistemas políticos vigentes en los países investigados, por ejemplo, en el caso de las sociedades latinoamericanas se incluyen los estudios que refieren a las actuales democracias post

dictatoriales. Para ello revisamos estudios publicados entre los años 2007-2016 en formato de artículos en revistas científicas, tesis o libros.

En este artículo exponemos los resultados de esta revisión, indicando los principales ámbitos de indagación en torno al tema, para luego proponer ciertas claves para continuar el estudio de las violencias políticas contemporáneas.

Método

Procedimiento

Consultamos artículos de revistas científicas, tesis y libros, considerando que son tres formas de publicación de resultados de investigaciones académicas ampliamente utilizados. Para los artículos, consultamos las bases de datos Clarivate Web of Science, Scopus, SciELO y Redalyc. Las dos primeras fueron seleccionadas porque recogen la producción latinoamericana en revistas de alto impacto, mientras que las otras dos capturan la literatura de toda Latinoamérica, haya sido o no publicada en revistas de impacto. Para las tesis buscamos en www.cybertesis.cl y www.cybertesis.net, porque son repositorios que recogen específicamente este tipo de publicaciones. Se trata de un modo de acceder a la producción en formato tesis que no haya sido posteriormente publicada en forma de artículo o libro. Finalmente, completamos la búsqueda con libros referenciados en los artículos y tesis antes consultadas, o recomendados por académicos/as con experiencia en este ámbito de estudio.

Los criterios de búsqueda fueron los siguientes:

1) Trabajos relacionados con la violencia política en cualquiera de sus acepciones o definiciones.

2) Año de publicación entre 2007 y 2016, ambos incluidos.

3) Idioma español o inglés.

Los descriptores utilizados para la búsqueda reproducen las diversas comprensiones de violencia política estatal y no estatal: violencia política, violencia estatal, violencia policial, represión policial, terrorismo, “violencia AND democracia”. Dado que el descriptor “violencia” por sí solo amplía los resultados de la búsqueda hacia otras formas de violencia no abarcadas por esta revisión, se combinó mediante el operador booleano AND con “democracia”, para asegurarse de poder encontrar trabajos sobre violencia en el periodo post dictatorial (considerando la historia reciente de países como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, España).”

Del total de artículos y tesis encontradas, se eliminó los duplicados por la búsqueda con distintos descriptores y en distintas bases de datos. Asimismo, se excluyó los que no tenían como tema central la violencia política en cualquiera de sus acepciones o definiciones. Luego de esta selección, obtuvimos un total de 177 textos (125 artículos en revistas científicas, 15 tesis y 37 libros), distribuidos por año de publicación como se detalla en la Figura 1.

Figura 1

Nº de documentos por año de publicación (total 177 documentos). Fuente: Elaboración propia.

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Resultados

Realizamos un análisis temático (Barrera, Tonon, & Alvarado, 2012) de los títulos, resúmenes y palabras clave de estos 177 textos identificando a qué aspectos de la violencia política se refería cada uno. A partir de esa revisión, los clasificamos de acuerdo a los temas que tratan, creando de manera inductiva tres grandes grupos: violencias de Estado, violencias de resistencia al poder político y efectos de la violencia con sus estrategias de reparación. Luego de identificar los subtemas abordados, seleccionamos 57 documentos para esta revisión (39 artículos, 8 tesis y 10 libros), considerando como criterio de inclusión que explícitamente mencionen o se refieran a las violencias políticas entendidas como aquellas que ocurren en el marco de acciones dirigidas a preservar, modificar, sustituir o destruir el modelo de Estado o de sociedad vigente (CINEP & Justicia y Paz, 1996), utilizadas tanto por el poder como por la resistencia. Estos 57 documentos fueron revisados a texto completo, realizando un análisis temático (Barrera, Tonon y Alvarado, 2012) cuyos resultados exponemos a continuación.

Los estudios sobre violencias políticas contemporáneas en la última década (2007 2016)

En primer lugar, cabe destacar que las violencias políticas no constituyen un tema de estudio exclusivo de una disciplina particular. El panorama de investigaciones es diverso, abordando aspectos de la violencia política a nivel local, nacional o global. Esto se realiza a partir de enfoques disciplinarios múltiples con marcos teóricos orientados desde las ciencias biológicas y de la salud, como también desde las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias políticas. En estos diez años, hubo una producción sostenida de publicaciones sobre violencias políticas.

Es posible identificar tres grandes ámbitos de estudio en torno al tema: las formas de operar de las violencias de Estado, las formas de operar de las violencias de resistencia política y los efectos que la violencia política tiene en personas, grupos y sociedades que la viven, así como sus estrategias de reparación. En la Figura 2 presentamos un esquema que sintetiza estos tres temas abordados en las publicaciones revisadas, con sus respectivos subtemas, los que serán tratados en los siguientes apartados del presente artículo. Para la construcción de este esquema, en el análisis temático de los títulos, resúmenes y palabras clave de los 177 documentos seleccionados inicialmente, se asignaron etiquetas creadas inductivamente a partir de las formas de referir a los temas y subtemas. Considerando que a algunos documentos se les asignó más de una etiqueta, puesto que trataban de más de uno de estos subtemas, en total se aplicaron 210 etiquetas a estos 177 documentos. En la Figura 2 se indica el número de veces que fue asignada cada etiqueta (subtema).

Figura 2

Síntesis de temas y subtemas abordados en las publicaciones. Fuente: Elaboración propia.

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Violencias de Estado

Los conflictos políticos ocurridos en América Latina durante las décadas de 1970-1980 incluyeron enfrentamientos armados, guerras civiles, golpes de estado y dictaduras. Los intentos de resolverlos y transitar hacia sistemas democráticos buscaron, entre otras cosas, terminar con la violencia estatal. El supuesto, propio de algunas teorías sobre la democracia, era que dicho sistema de gobierno disminuye la represión estatal y promueve un mayor respeto de los derechos humanos respecto de lo que ocurre en los sistemas autocráticos. Sin embargo, la media de violencia estatal en las democracias postransicionales de América Latina supera el promedio global de las autocracias contemporáneas (Rivera, 2010b).

Mauricio Rivera (2010a) distingue entre represión centralizada (decisión de los gobernantes para ordenar el uso de represión) y descentralizada (comportamiento ilegal de agentes de seguridad estatales), sosteniendo que la primera se explica por la amenaza política que enfrenta el gobierno y la forma de operar del sistema político, mientras que la segunda es posibilitada principalmente por la impunidad. Concluye que se trata de una respuesta a violencias internas, intensificada en sociedades étnicamente heterogéneas, influida por el legado autoritario y que se va institucionalizando. Esta distinción entre represión estatal centralizada y descentralizada permite abordar el tema teniendo en cuenta la coexistencia de usos legales e ilegales de la violencia por parte de agentes del Estado (Calveiro, 2011), lo que estimula a considerar los aspectos jurídicos, normativos, políticos y psicosociales que favorecen estos usos.

Una de las principales áreas en las que se estudia la represión estatal es en la violencia policial y los denominados "abusos policiales" o "excesos". Ésta no ocurre exclusivamente en contextos de disputa política y opera de forma similar con detenidos comunes o por motivos políticos. A la cabeza de esta línea de investigación está Argentina, donde los estudios se centran principalmente en los sujetos víctimas, caracterizados como jóvenes de barrios pobres, considerados delincuentes, excluidos o “nadies” (Barrera, 2013; Gentile, 2011). En Chile está menos desarrollado el tema, siendo estudiado en relación a violencias urbanas (J. C. Ruiz, 2012) y represión del pueblo mapuche (Aránguiz, Amaya, Lepe, & Orellana, 2011). La impunidad y la cultura policial se destacan como unos de los principales posibilitadores de estas violencias. Así, por ejemplo, Rosas (2013) sostiene sobre la "brutalidad policial" en comisarías y manifestaciones callejeras, que transcurridos once años de transición en Chile "difícilmente podría hablarse de excesos, sino más bien de la existencia de una 'conciencia de impunidad'" (Rosas, 2013, p. 39).

Otra forma de violencia policial ocurre en el marco de las prácticas de mantenimiento del orden público, bastante menos estudiadas. Estas prácticas involucran mecanismos de violencia legal para reprimir manifestaciones masivas, lo que es interpretado en ciertos casos como una vulneración del derecho a la protesta y a la libertad de expresión (INDH, & ACNUDH, 2014). Las investigaciones en este tema provienen principalmente de Europa occidental y suelen referir a épocas remotas. Así, es posible encontrar estudios como el de Palacios (2009), quien hace una revisión histórica del sistema de orden público portugués desde 1834 al año 2000. En este ámbito se estudian los aspectos involucrados en la decisión de los gobernantes para el uso de la fuerza, el desarrollo de las técnicas antidisturbios “no letales” y los modos de enfrentamiento de las multitudes desde las policías (ver por ejemplo Adang, 2010). Respecto a América Latina no encontramos estudios sobre mantenimiento del orden, lo que representa un vacío de información en un ámbito de violencia que afecta directamente a los movimientos sociales y políticos que se manifiestan en la región.

Otra línea de investigaciones tiene que ver con la persecución y represión de ciertos colectivos políticos en contextos democráticos, como grupos rebeldes, anarquistas y del pueblo mapuche en el caso chileno. Hay estudios que se focalizan en la situación carcelaria especial que el Estado dedica a estos grupos (Rosas, 2013; Tamayo, 2012), mientras que otros profundizan en casos particulares, por ejemplo, asesinatos políticos perpetrados por agentes estatales (Barría, 2012).

Desde la psicología social colombiana se estudian procesos de legitimación/deslegitimación involucrados en los procesos de paz. Estas investigaciones sostienen la importancia de considerar las creencias que justifican las posiciones en conflicto, la participación de los medios de comunicación y los efectos de la polarización para el proceso de paz (Barreto, Borja, Serrano, & López-López, 2009; Borja, Barreto, Alzate, Sabucedo, & López, 2009; Estrada, 2010).

Existe además un variado grupo de publicaciones en las que se establecen relaciones entre la violencia política y otros elementos, como el sistema político vigente (Azpuru, & Blanco, 2008; Réserve, 2012) y los medios de comunicación (Barreto et al., 2009; García, Carreón, Hernández, & Méndez, 2013). También se abordan fenómenos como la tortura (Carnevali, 2010; Mendiola, 2014; Palacios, 2011), la desaparición forzada de personas (Carevic, & Encalada, 2012), el uso de la Ley de Control de Armas chilena para eliminar a sectores disidentes (Garay, Hazbún, Miranda, Pérez, & Silva, 2007) y las posibilidades de justificación de la violencia política (De Currea-Lugo, 2011; De Gamboa-Tapias, 2010). En relación a la tortura y desaparición forzada, Calveiro (2008) sostiene que se suelen problematizar en pasado, pues sólo al referir a un tiempo “superado” son enunciables: “Es honorable, es decente y es aceptable hablar de las desapariciones pasadas, pero no de las presentes, siempre puestas en duda, siempre sospechosas de escasa objetividad, de insuficiente sustento de las denuncias” (p. 89). Se manifiesta la necesidad de actuar también frente a torturas y abusos cometidos en el presente, a sabiendas de las dificultades que esto conlleva, puesto que “precisamente en el momento en el que ocurren, todo el aparato del poder está puesto al servicio de la desaparición, del borraje, de la sustracción de pruebas” (p. 89).

Finalmente, si bien la amenaza y el miedo político han sido estudiados en relación a las dictaduras, la principal manera en que se están abordando es en relación a la seguridad ciudadana, el crimen y la ciudad (Dammert, 2013). Sería relevante relacionar estos ámbitos de interés entre sí para comprender de manera más global el funcionamiento de la violencia en los sistemas políticos contemporáneos.

Violencias de resistencia al poder político

En Latinoamérica es frecuente el estudio de grupos políticos que usan o reivindican la lucha armada. En estas publicaciones se presentan historias o balances de grupos políticos proclives al uso de violencia que actuaron entre los años '60 y '90, donde predominan experiencias del Cono Sur en contextos dictatoriales. Respecto a otras regiones del mundo, Sommier (2009) publicó un amplio panorama sobre grupos que emplearon la violencia, con información comparada de organizaciones de Alemania, Francia, Italia, Japón y Estados Unidos que operaron entre 1960 y 1980. Sin embargo, existen también (aunque en menor medida) estudios sobre las violencias políticas más recientes. En esta última línea, Goicovic (2010) investigó los grupos político-militares chilenos que mantuvieron la estrategia de lucha armada como recurso político en los primeros años de postdictadura. En su artículo describe las acciones contrainsurgentes llevadas a cabo desde organismos estatales: búsqueda de su derrota política por aislamiento mediante un cerco comunicacional, creación de organismos especializados en inteligencia y represión, endurecimiento de la violencia policial contra manifestantes callejeros -especialmente hacia grupos juveniles-, endurecimiento de las penas e inauguración de un centro de reclusión diseñado para romper la resistencia política -la Cárcel de Alta Seguridad-.

Hay además publicaciones sobre grupos armados actuales, refiriéndose a sus legitimaciones, causas, sujetos juveniles que participan, tratamiento desde los medios de comunicación y vinculación con narcotráfico y procesos de paz, donde la producción se concentra en Colombia y El Salvador (Borja, et al., 2009; Castellanos, & Torres, 2008; Rosal, 2012; Sampó, & Bartolomé, 2014), aunque también se ha publicado sobre grupos de autodefensa de barrios marginales en Bolivia (Goldstein, Achá, Hinojosa, & Roncken, 2007) y sobre la relación entre violencia social y el sistema político en Brasil (Hoelscher, 2015).

También se estudia la violencia no estatal formulada como “terrorismo no gubernamental”, principalmente desde las ciencias jurídicas, buscando distinguirla de otras figuras como el delito político, o proponiendo modelos punitivos actualizados (Arroyo, Pérez, & Garay, 2008; Espinoza, & Gavilán, 2011).

Por otra parte, las violencias resistentes ejercidas por personas no agrupadas formalmente o que participan en otros tipos de colectivos han sido menos estudiadas. Los libros y tesis que se han publicado en Chile sobre experiencias de este tipo refieren principalmente a la resistencia a la dictadura pinochetista en barrios particulares. El foco de atención suele ser "los/as jóvenes" como sujeto vinculado a la violencia, cuyas experiencias son valoradas o reivindicadas cuando significaron resistencia a la dictadura (Henríquez, & Zaldívar, 2012), pero en la actualidad son criminalizados, buscando comprender sus prácticas para regularlas (Krause, Torche, Velásquez, & Jaramillo, 2014). Este vínculo entre juventud y violencia, que vemos presente también en relación a las víctimas de los llamados “abusos policiales” merece ser estudiado con detención, en tanto pareciera estar naturalizado, produciendo una imagen de “los/as jóvenes” como sujetos violentos y violentados, concentrando en ellos/as la negatividad de la violencia.

Finalmente, hay estudios que analizan alternativas a la acción política violenta, a partir de los conceptos "desobediencia civil" (Gallegos, 2011; Passini, & Morselli, 2011) y "no violencia" (Checa, 2012; López, 2012), apoyando estas propuestas con experiencias particulares o desde fundamentos teóricos y epistemológicos.

En el ámbito de la psicología social colombiana, destaca como referente el aporte de Barrero (2008) al análisis de su propio contexto en relación a los conceptos de conflicto, violencia política y guerra psicológica. En particular, merece interés su propuesta de una “ética de la resistencia” ajustada para la particular situación de Colombia, a partir de una Psicología Social Crítica influenciada por Foucault y Martín-Baró.

Efectos de la violencia política y estrategias de reparación

Al realizar la búsqueda con los descriptores utilizados, relacionados con la violencia política, los resultados incluyen publicaciones sobre los efectos (psicológicos, sociales y políticos) de esta forma de violencia y sus estrategias de reparación. Como los temas tratados en los puntos anteriores, este tema y sus subtemas se han formulado de manera inductiva a partir de los resultados de la búsqueda realizada. Estas publicaciones refieren en su mayoría a consecuencias de acontecimientos ocurridos antes de la década de 1990, como las últimas dictaduras latinoamericanas. Los temas identificados en este ámbito abordan, desde la psicología, el trauma, la salud mental, el bienestar y la reacción en víctimas directas o indirectas de violencia política (Abello, et al., 2009; Faúndez, Brackelaire, & Cornejo, 2013). A su vez, desde la psicología social en conjunto con otras disciplinas afines se incorporan también estudios sobre lugares de memoria (Sepúlveda, Sepúlveda, Piper, & Troncoso, 2015), exilio (Peris, 2009), desplazamientos forzados en Colombia (Alejo, Rueda, Ortega, & Orozco, 2007), testimonio (Ruiz, 2014), victimización de las víctimas por parte de la sociedad (Arnoso, & Pérez, 2013; Vinyes, 2011), posibilidad del perdón (Cárdenas, Ascorra, San Martín, Rodríguez, & Páez, 2013), políticas de reparación (Estrada, 2010; Rojas, 2013) y memorias, resignificaciones y reelaboraciones que se hacen en la literatura (Aguilar, 2010; De Vivanco, 2011; Fischer, 2013).

Aunque las publicaciones en este ámbito son numerosas, hay un vacío en relación al contexto actual y los efectos que las violencias políticas actuales están teniendo. En el presente se atienden los efectos de la violencia del pasado, así como sus estrategias de reparación, desde el conocimiento producido en el pasado siglo. También es destacable la importante producción académica desde la psicología sobre los efectos de la violencia política, mientras que, como mencionamos anteriormente, son muy escasas las investigaciones desde estas perspectivas sobre las formas en que operan las violencias políticas. Existe una importante producción enfocada en reparar el daño post violencia, principalmente en referencia a periodos dictatoriales. Ante esto, proponemos la necesidad de investigar también las violencias políticas actuales y sus características propias para acompañar los procesos en curso. Por supuesto, sin dejar de lado los elementos vinculados al pasado que aún requieren atención, y sin dejar de comprender las continuidades y discontinuidades de la violencia política. Al mismo tiempo, los estudios no debieran centrarse exclusivamente en reparar daños, sino también en comprender los mecanismos de funcionamiento de las violencias políticas actuales, los actores e instituciones implicadas, las subjetividades que están produciendo, las legitimaciones y justificaciones que las están sustentando. Se requiere ampliar las formas de abordar el tema considerando elementos contextuales y relacionales, para evitar reducir el problema de las violencias políticas a sujetos(objetos)-víctimas vulnerados y vulnerables.

Discusión y conclusión

Iniciamos con un recorrido por diferentes conceptualizaciones sobre las violencias en el ámbito político, para posteriormente analizar investigaciones publicadas durante los años 2007-2016 sobre este tema. Reconocimos recientes planteamientos sobre violencias estatales en contextos democráticos, identificando un mayor desarrollo de investigaciones sobre violencia policial, pero escasos estudios sobre prácticas de mantenimiento del orden público, especialmente para el contexto latinoamericano. Asimismo, existe una línea de investigación relativamente consolidada en relación a organizaciones de lucha armada, particularmente aquellas que operaron alrededor de las décadas de 1960-1990. Respecto a violencias resistentes posteriores, las publicaciones aún son escasas y de menor alcance. Finalmente, hay una clara línea de investigación que aborda diversos aspectos psicosociales y jurídicos vinculados a los efectos de las violencias políticas (como el trauma) y estrategias de elaboración y reparación de esos efectos (como la memoria y el testimonio). Sin embargo, los estudios suelen focalizarse en consecuencias de violencias del pasado, quedando en deuda con los procesos en curso. A partir de esta revisión, y como una forma de avanzar hacia una mirada más amplia de las violencias políticas, a continuación planteamos ciertos elementos a considerar al investigar las violencias políticas contemporáneas.

En primer lugar, es preciso comprender que no existe una entidad o fenómeno único de violencia, sino que existen acciones a las que, en ciertos contextos históricos, culturales, ideológicos y políticos, se les atribuye la denominación de violencia. Es una categoría socialmente construida, abordable como una forma de referir, una atribución o un juicio valorativo, cuyos criterios varían según la cultura y el tiempo histórico. Esta atribución se inscribe en el marco de una relación de poder donde hay sujetos que ejercen una acción, sujetos afectados por la acción (que suelen denominarse víctimas) y sujetos que califican la acción, los que pueden formar parte o no de las otras dos posiciones. Entendiendo que todo ejercicio de poder coexiste con la resistencia que se le opone, el uso del calificativo de violencia (acompañado o no de la acción concreta) puede ser instrumentalizado tanto por el poder como por la resistencia. Es por ello que las posiciones que ocupan los sujetos (y sus modificaciones, pues las relaciones de poder no son estáticas) son relevantes al analizar la decisión de calificar al acto como violencia, así como los significados que la palabra adopte y sus efectos políticos (Crettiez, 2009; Domènech, & Íñiguez, 2002; Michaud, 1989).

En este sentido, los discursos de la ciencia sobre la violencia se encuentran en un lugar privilegiado de las relaciones de poder-saber-verdad de las sociedades actuales. Por ello, deben ser considerados como una voz influyente, reconociendo la posición que asumen al incorporarse como herramienta de control social que naturaliza cierta forma de entender la violencia, como algo negativo que debe ser regulado. Al estudiar las violencias políticas debemos necesariamente considerar la manera en que los discursos científicos participan en la construcción de los criterios con que las personas interpretan estas acciones (Domènech, & Íñiguez, 2002; Guthmann, 1991).

Dado que las violencias aparecen bajo múltiples formas, al estudiarlas es necesario precisar siempre a cuáles violencias nos referimos, atendiendo al carácter históricamente situado del fenómeno. La violencia no se puede comprender fuera del contexto social en que se produce, ni se puede homogeneizar en una categoría estática universal:

Uno de los planteamientos más falaces es el de condenar la violencia 'venga de donde venga', haciendo tabla rasa de su génesis, significación y consecuencias. No es de sorprender que este tipo de planteamientos provenga de instancias sociales que pretenden situarse por encima de los conflictos, aunque se encuentran vinculadas a las fuerzas en el poder. (...) Poner en el mismo saco, conceptual y valorativo, unos hechos y otros es un mecanismo ideológico que ignora el enraizamiento y naturaleza histórica de los actos de violencia (Martín-Baró, 1990, p. 371)

Algunos elementos a tomar en cuenta al contextualizar las violencias políticas pueden ser el origen, direccionalidad y forma de la violencia, los sujetos involucrados, el conflicto en que se enmarca -lo que permite situarla histórica y políticamente-, así como la significación que tiene para los sujetos involucrados.

Toda violencia es a la vez física y simbólica, por lo que esta distinción no logra dar cuenta de la complejidad del fenómeno, aunque podría en ciertos casos aportar analíticamente para comprender los diversos efectos e implicancias que tiene. Por una parte, cuando hay violencia directa la acción se inscribe necesariamente en relaciones de significación, donde el daño físico está acompañado de un efecto simbólico que puede, por ejemplo, reforzar o negar identidad, o conmocionar los puntos de referencia (Braud, 2006). Por otra parte, hay violencias que no necesariamente producen un daño físico directo, como los ataques contra la integridad moral, bienes, capacidades de subsistencia, los semejantes, obras o pertenencias simbólicas y culturales (Michaud, 1989), pero su ejecución involucra de todas maneras lo físico por desplazamiento, ocultamiento y/o potencialidad. La violencia no necesariamente supone un daño directo en personas o bienes, sino que también puede constituir una amenaza de producirlo (Cruz, 2010). Al mismo tiempo, las violencias en las que identificamos con mayor claridad su aspecto simbólico, por ejemplo, las que se conocen como estructurales, pueden también favorecer la aparición de violencias físicas directas.

Existe una estrecha vinculación entre la denominación de violencia y las formas en que se legitima y justifica. Estas formas o dispositivos de legitimación y justificación se relacionan directamente con los criterios propios de cada cultura y momento histórico, puesto que su aceptación varía en autoritarismos y democracias, así como en culturas distintas. Las justificaciones normativas e instrumentales son fundamentales para el paso de la violencia social a la violencia política, junto a un rol decisivo de las especificidades de cada país, respecto a su historia y ambiente político, en la construcción de las violencias (Braud, 2006). En las culturas occidentales actuales, la violencia se suele considerar una práctica condenable moralmente, lo que hace que requiera siempre un esfuerzo de justificación, el que tiene efectos distintos según la posición desde donde se califique. Dependiendo de su tipo, puede ser valorada negativa (cuando se le llama delito) o positivamente (cuando se le llama sanción) (Hacker, 1973 en Martín-Baró, 1990). En relación a la violencia política, Crettiez señala que "calificar el propio acto como político, es darle una justificación en general noble, una explicación siempre aceptable" (Crettiez, 2009, p. 22). A la inversa, calificar la acción del otro como criminal o patológica le niega toda dimensión política, lo que socava las posibilidades de justificarla en ese contexto (Fernández, Jorquera, & Ramos, 2015). A su vez, Braud (2006) identifica dos tipos de justificaciones en las violencias políticas contemporáneas: 1) la supuesta eficacia de la acción, que involucra reflexiones sobre el grado de violencia útil o aceptable y 2) la legitimidad, cuya mayor expresión es la legalidad, aunque también puede aducir una causa justa, siendo en cualquier caso un sustento ideológico que justifique la violencia más allá de su mera eficacia.

Finalmente, es necesario incorporar una perspectiva de género que pueda resistir de alguna manera a la masculinización con que se ha construido el mundo de las violencias políticas. Hay propuestas que han intentado aproximarse a ellas con algún énfasis de género, pero de momento son aisladas y fragmentadas (Fisas, 1998; Krook & Restrepo, 2016). Abordar esto es materia para un trabajo en sí mismo, por lo que sólo dejamos planteada esta observación, a la espera de que sirva como estímulo a otros estudios.

Pero, ¿cómo funcionan las violencias políticas aquí y ahora? Para avanzar en la búsqueda de respuestas a estas interrogantes (y plantear nuevas) el enfoque debe considerar las violencias políticas como un fenómeno históricamente situado, relacional, con elementos diversos que lo componen. Atendiendo a esto, proponemos abordar el tema usando el concepto de dispositivo de Foucault, el que consiste en una red de relaciones entre elementos heterogéneos que al mismo tiempo establece la naturaleza del vínculo o nexo entre esos elementos. Se constituye en un momento histórico específico respondiendo a una urgencia, por lo que tiene una función estratégica concreta (Foucault, 1985). Los elementos heterogéneos pueden ser muy diversos, incluyendo discursos, instituciones, materialidades, etc. El dispositivo actúa sobre las posibles acciones de los sujetos administrándolos y gobernándolos, con capacidad para orientar sus conductas y discursos. Inscribe en sus cuerpos ciertos modos de ser, implicando un proceso de subjetivación (Agamben, 2011).

Al pensar la violencia política estatal como dispositivo, se considera que ésta administra y dirige la acción política de las personas, entendiéndola como un proceso natural de la población. A partir de la revisión bibliográfica, es posible identificar algunos de los elementos que conformarían la red de este dispositivo. Por ejemplo, un elemento son los discursos sobre los/as manifestantes pacíficos/as, en oposición a los/as “delincuentes”. Esta distinción tiene como efecto invalidar las violencias no estatales, mientras que legitima las ejercidas por agentes del Estado como mera mantención del orden y aplicación del derecho (Calveiro, 2013). Por su parte, el concepto de manifestante pacífico/a, empleado y reforzado desde el Estado, también cumple una función normativizante, pues establece curvas de normalidad en las formas de protesta a partir de las prácticas realizadas por la población: se produce un saber sobre cómo se desarrollan estas protestas que permite gestionarlas dentro de ciertos límites en los que los/as manifestantes son libres de actuar. Mediante un cálculo de riesgos y costos la violencia estatal fue mutando desde la represión total de la manifestación política hacia la apertura de espacios (delimitados) de libertad. Estos permiten reducir el riesgo de deslegitimación del poder estatal y enfocar los costos de represión hacia grupos más reducidos. Estas formas más selectivas de ejercer la violencia están acompañadas de desarrollos tecnológicos, como el armamento antidisturbios, que podríamos considerar como otro elemento de la red. Esto a su vez se relaciona con la invisibilidad en que el dispositivo ubica a la violencia estatal evitando calificarla como tal: cuando los agentes del Estado ejercen violencia para mantener el orden la llaman “fuerza” o “coerción”, neutralizándola políticamente, lo mismo cuando se trata de guerras, denominándola “operación de seguridad” o “mantenimiento de la paz” (Crettiez, 2009).

Además, cabe contemplar que, como en toda relación de poder, este dispositivo tendría resistencias -a veces con uso de violencia- que deben también ser incorporadas al análisis para comprender la forma en que opera. Estas resistencias van tensionando el dispositivo, haciendo emerger nuevas reconfiguraciones del mismo, que surgen en respuesta a los efectos que ha tenido (a su favor o en su contra, planificados o no). De esta manera, por ejemplo, una agudización en la acción de organizaciones político-militares o grupos con reivindicaciones políticas antisistémicas puede echar luz sobre la ineficacia de la violencia estatal para regular la disidencia. Esto puede a su vez ser reutilizado por el dispositivo como una justificación para el fortalecimiento o endurecimiento de las herramientas represivas, lo que se transforma en un incremento de la fuerza del propio dispositivo, como parte del perpetuo relleno estratégico de sus efectos negativos. Por otro lado, las acciones que en la literatura revisada se denominan como “contrainsurgentes” (Goicovic, 2010), donde hay enfrentamiento directo con las violencias resistentes, entran en resonancia con las nociones de derechos humanos y seguridad que forman parte de los saberes que dan legitimación al dispositivo. Cuando la violencia estatal desatada contra las violencias resistentes se expone demasiado, se ve constreñida por aquello que defiende -la democracia, los derechos- y debe forzosamente reajustarse, moderando sus golpes, haciéndose más sutil.

La noción de dispositivo permitiría dar un marco de sentido a la violencia política contemporánea. Al investigarla desde esta perspectiva no sólo se pueden identificar elementos que han sido abordados de manera fragmentaria en algunos estudios actuales, sino que es posible establecer cómo se han relacionado entre sí para construir esta violencia en su forma actual.

Finalizamos señalando la relevancia de continuar estudiando las violencias políticas contemporáneas, atendiendo al impacto que tienen en muchas sociedades y su estrecha relación que con el devenir de los sistemas políticos. Esto no sólo implica dirigir la mirada hacia decisiones centralizadas, sino también a las microprácticas violentas, a las zonas oscuras, a las violencias rutinarias y trivializadas, a las legitimaciones y a las múltiples prácticas de resistencia que se despliegan.

Agradecimientos

Equipo Laicos Iapse, Universitat Autònoma de Barcelona y Programa Psicología Social de la Memoria, Universidad de Chile.

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Financiamiento

1 Financial disclosure CONICYT, Proyecto FONDECYT Regular N° 1171568; Beca CONICYT-PCHA/Doctorado Nacional/2013-21130497.