Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, Vol. 17, No. 2 (2018)

Doi: 10.5027/psicoperspectivas-Vol17-Issue2-fulltext-1217
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Guemureman: El tríptico secreto, silencio y exclusión en las tramas de violencia y padecimiento psíquico de niños



“(…) los niños apaleados apalean niños de mayores, los hijos de borrachos se alcoholizan, los descendientes de suicidas se matan, los que tienen padres locos enloquecen. La infancia es el lugar en el que habitas el resto de tu vida”

En este artículo se retoma y profundiza algunas reflexiones iniciadas en el marco de diversas investigaciones llevadas a cabo durante más de 20 años, vinculadas con la temática de la niñez y la adolescencia en situación de vulnerabilidad social. En particular, se aborda las categorías de secreto, silencio y exclusión que se anudan en torno al padecimiento psíquico y la violencia ejercida sobre niños, niñas y adolescentes (en adelante NNYA) en la Ciudad de Buenos Aires.

La reflexión sobre los anudamientos de estas categorías, y sus efectos en el padecimiento psíquico y la violencia, toma la noción de “concentrado semiótico” (Jitrik, 2007) como organizador del análisis, y conceptos como peligrosidad, disciplina, anormalidad, irreductibilidad y residuo (Foucault, 1990, 2000, 2005), a la vez que se articula con temáticas más amplias como el abordaje del maltrato infantil y la administración de la justicia de menores (Grosman, & Mesterman, 1992; Guemureman, 1997; Guemureman, &, Gugliotta 1998). Como casos paradigmáticos que cimentan el análisis, se emplea dos fuentes principales: un expediente tutelar procedente de sede penal, y un expediente que recorrió la sede civil, primero como protección de persona, y luego como control de legalidad.

La relevancia de un análisis que incluya elementos de la semiótica reside en que implica trascender el nivel descriptivo y explicativo que proponen los análisis de tipo semiológico, para enfocarse en los procesos de producción de significación (Jitrik, 2007), que constituyen un insumo para la comprensión de las tramas de violencia y padecimiento psíquico que se tejen en torno a NNYA en la Ciudad de Buenos Aires.

La Constatación y la Interrogación

Parte del trabajo de campo versa sobre expedientes judiciales de personas menores, sea que se trate de autores de delitos, o que se derive del control de legalidad por causas de protección.

Los proyectos de investigación en el marco de los cuales se trabajó con expedientes judiciales fueron: La tolerancia: ¿otra cara del control social penal? Los adultos y el maltrato infantil (UBA, 1995-1998); Efectos de la Reforma Judicial en el Fuero de Menores en la Ciudad de Buenos Aires (CONICET 2000-2002). El sentido de la acción de juzgar: entre la normalización y la corrección, entre el castigo ejemplar y la tutela benevolente (CONICET 2002-2003). Demandas y respuestas de intervención judicial en los Tribunales de Menores de la Provincia de Buenos Aires. Acerca de porqué recurrir a la justicia” (UBA 2000-2004). El dictado de sentencias entre alegatos, discordias legislativas y demandas sociales de punición a los jóvenes. La angustia de juzgar: Fiscales vs. defensores (CONICET 2005-2007). La cartografía moral de las prácticas judiciales en los tribunales de menores. Los tribunales orales en la Ciudad de Buenos Aires. 1994-2008 (tesis doctoral).

Además de revisar esos expedientes, tutelares en un caso y de control de legalidad en el otro, entrevisto a los actores involucrados en el seguimiento de los mismos. En el transcurso de dicho trabajo de campo caí en la triste constatación de que las violencias padecidas por NNYA en su más tierna infancia tienen, en el secreto, el silencio y la exclusión, a robustos pilares que le dan soporte y operan contribuyendo al padecimiento psíquico, independientemente de qué estatuto asuman en las clasificaciones formalizadas y consagradas de los manuales de clasificación psiquiátrica, sea que se trate del CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades, publicado por la OMS) o el DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, editado por la Asociación Psiquiátrica Americana).

Frente a esta constatación surge la interrogación ¿Cómo analizar el sustrato del padecimiento psíquico de estos NNYA? Una línea de respuesta se delineó cuando decidí recuperar el potencial de los concentrados semióticos en tanto

topoi, lugares reconocibles en los textos y en los discursos que suscitan movimientos interpretativos o los convocan, que los iluminan y permiten acercarse a su sentido pero que también son objetos culturales de existencia propia y autónoma, concitadores e incitadores, situados entre los más abstracto de la realización verbal y lo más concreto (Jitrik, 2007, pp. 37-38).

Para ilustrar la operatoria combinada del tándem secreto-silencio, y la exclusión, como una de sus consecuencias más perversas, seleccioné dos casos paradigmáticos, seleccionados entre el acervo de casos relevados durante muchos años de investigación. Si bien son paradigmáticos porque abarcan muchos años de la vida de las personas implicadas y muestran las continuidades entre el sistema de protección, el sistema penal, y el sistema terapéutico asistencial, de ninguna manera pueden considerarse casos. Lamentablemente, son muchos los casos en que la protección y la punición aparecen vertebradas por el nexo del padecimiento subjetivo.

El Encuadre Normativo

Para el análisis de los expedientes seleccionados, es necesario realizar un mínimo encuadre sobre la normativa a la que ambos remiten.

En primer lugar, el Régimen Penal de Minoridad, para la administración de conductas penales cometidas por personas menores de edad, que fue sancionado durante la dictadura cívico-militar bajo el decreto (ley 22.278 Argentina, 1980). El decreto ley controvertido desde su entrada en vigencia, ya que estipula como modo de resolución de las causas, una potestad infinita por parte del juez, quien tiene una facultad omnímoda para disponer de los menores infractores a la ley, sean imputables o no, según la evaluación que haga de la situación personal de cada uno. Es tan amplia la discrecionalidad de los jueces en su ejercicio, que aun siendo un hecho nimio el que dio origen a la intervención penal, puede dictaminar medidas restrictivas, como la privación de la libertad y el alojamiento en alguna institución específica de tratamiento, y aún más, extender esas medidas hasta tanto la persona en cuestión alcance la mayoría de edad. Esta facultad omnímoda ha sido duramente criticada desde distintas posiciones doctrinarias, y la ley en su conjunto severamente cuestionada (Beloff, 2004; Beloff, & García Méndez, 2004; García Méndez, & Bianchi, 1991; García Méndez-Carranza, 1992; Guemureman, 2011). El seguimiento de las personas menores de edad se lleva registrado en los expedientes tutelares, como el que interesa en este artículo.

En segundo lugar, la Ley No. 26.061, Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Argentina, 2005), sancionada luego de un accidentado proceso legislativo (Musa, & Blank, 2006). La ley constituyó a la vez un punto de llegada en un largo proceso por adecuar la normativa interna a la Convención de los Derechos del Niño (ONU, 1989), y un nuevo punto de partida para el tratamiento de las violencias y maltratos sufridos por NNYA.

A los efectos de este escrito, interesa destacar que esta iniciativa derogó la figura de “protección de persona” (Art. 74º), una figura que absorbía las conductas que otrora entraban por “amparo/Ley No. 10.903 del Patronato de Menores (Argentina, 1919), y que incluían situaciones de riesgo moral y material, desidias, negligencias, abandonos y malos tratos. La figura de protección de persona, sin embargo, “habilitaba en la práctica a castigar la pobreza y todas las consecuencias en la vida cotidiana de esos niños y sus familias mediante la intervención judicial coactiva” (Rodríguez, & Blank, 2006) por parte de la Justicia Nacional de Familia configurando una verdadera “estigmatización en la sede civil” (Herrera, 2005). Con su derogación, los expedientes abiertos fueron derivados a las Defensorías Zonales.

Dado que la Ley No. 26.061 privilegia la permanencia de los NNYA en sus ámbitos familiares de origen, estipula la adopción de medidas de protección especial de derechos consistentes en dotar a las familias de los recursos necesarios y apuntalarlas en aquellos aspectos problemáticos, apostando al fortalecimiento de vínculos y al empoderamiento de los adultos para el ejercicio de responsabilidades parentales. Solo en casos en que no hubieran dado resultados efectivos, se recurre a medidas excepcionales (Art. 39º a 41º) que requieren del control de legalidad judicial.

Lo que determina el pasaje de la adopción de un tipo de medidas a otras no procede de la gravedad del motivo que dio origen a la intervención, sino del grado de satisfacción o de éxito logrado con su aplicación. Valga por caso, situaciones de “abuso”, “maltrato”, “violencia”, “consumos adictivos”, “padecimientos”, “imposibilidad de ejercicio de roles parentales”, etcétera, que son susceptibles de ser tramitados por la vía administrativa de las Defensorías Zonales o sus equivalentes jurisdiccionales, cuando la familia de los NNYA involucrados recepta favorablemente las recomendaciones, acepta los tratamientos, y cumple con los pautas brindadas por las instancias administrativas, es decir, cuando se estipulan contratos que aun precarios, se cumplen, o al menos, su incumplimiento parcial permanece en el reducto de las complicidades familiares (Grinberg, 2015). Basta que los contratos no se cumplan, o que la falta de cumplimiento quede en evidencia, para que se active el mecanismo inquisitivo del saber técnico de los profesionales, primero de la Defensoría Zonal o instancia administrativa, y luego de la sede judicial. Las medidas excepcionales prevén la separación/exclusión del hogar, y por el menor lapso posible de el/los niños “en riesgo”. Estos son localizados en otro sitio, sea familia ampliada, referente afectivo, o institución de asistencia integral (Vives, 2008).

Método

Los Casos y el Método: El Potencial de la Semiótica en Clave de Interpretación

Tal como se anticipó en los apartados anteriores, se utilizaron expedientes judiciales como superficie de emergencia del secreto, del silencio y de la exclusión.

Los expedientes seleccionados fueron:

  1. Un expediente tutelar Ley No. 22.278, de un adolescente declarado penalmente responsable por la comisión de distintos delitos. El expediente tutelar comenzó mucho antes de que fuera punible y se trata de un caso paradigmático porque intersecta en la vulneración extrema de derechos y el padecimiento psíquico.

  2. Un expediente de protección de persona de una niña luego devenido expediente de control de legalidad Ley 26.061, por aplicación de una medida excepcional de protección de derechos, que significó la exclusión del hogar y la internación de la niña en un hogar de asistencia integral.

Como en tantos otros expedientes, los secretos y silencios emergen como comunes denominadores, lo que lleva a sostener como hipótesis que constituyen un tándem indisociable que opera sigilosamente en el corazón de las tramas de violencia y padecimiento psíquico, muchas veces con desenlaces fatales, y siempre con un impacto devastador en las subjetividades en pleno proceso de estructuración.

Los expedientes constituyen un tipo específico de textos judiciales (Pardo, 1992) en los que el poder es el verdadero artífice de su estructura formal y donde el enunciador -directo o referenciado-, esto es, el juez, fiscal, asesor, defensor o equipo técnico- fundamentan sus decisiones argumentando y construyen discursos lógicos atravesados el empleo de recursos y estrategias lingüísticas destinadas a reforzar, jerarquizar, mitigar (Pardo, 1992:98). Si los corpus legales son textos judiciales, el discurso que los atraviesa es el discurso jurídico que es argumentativo, lógico, retórico, y en consecuencia, se vale de una serie de mecanismos y artilugios lingüísticos que le confieren una particular modalidad de construir o inventar la realidad jurídica (Bourdieu, 1986; Mari, 2005; Martínez García, 1992; Pardo, 1992). La particularidad del corpus lo hace susceptible de ser analizado con metodologías de análisis de tipo cualitativo, siendo relevante el análisis lingüístico (Vasilachis, 1992: 209), el análisis crítico del discurso (Van Dijk, 2003) o bien el análisis en calidad de género discursivo (Bajtin, 1982). El análisis en clave de concentrado semiótico no tiene antecedentes para textos judiciales, siendo la clave semiótica utilizada en la teoría crítica literaria y en los textos literarios (Jitrik, 2000). De allí que el abordaje de textos judiciales con el dispositivo de análisis procedente de los concentrados semióticos es novedoso y original.

Los desarrollos de Jitrik (2007) en relación a los concentrados semióticos fueron un valioso insumo para el análisis de los expedientes. Jitrik muestra cómo a través de los concentrados semióticos es posible ahondar en los procesos de producción de significación, en tanto resultante de la relación entre el signo y el sentido, por lo que cobra una potencia que la torna adecuada para indagar en el padecimiento psíquico de niños y adolescentes que han atravesado situaciones de violencia, abuso o deprivaciones extremas. El “centro productor” (Jitrik, 2007, p. 34) del malestar del secreto, del silencio y la exclusión incluido en el concepto de concentrados se hace efectivo en los casos escogidos con una enorme diversidad, con signos, direcciones y sentidos a la vez opuestos, complementarios, y superpuestos.

Si un denominador común puede encontrarse en estos conceptos, es que tanto el silencio, como el secreto y la exclusión generan malestar. Jitrik trató la conversación también en calidad de concentrado semiótico, ya que a su entender “constituye un punto de partida para entender la forma de malestar, puesto que, como no está en ninguna parte y está en todas, sus insuficiencias, sus insatisfacciones, lo que le impide ser plena, son síntomas de un malestar que se suele poner solo en la cuenta del déficit social” (Jitrik, 2007, 41). Para el abordaje que realizo, la conversación sería la ruptura del silencio, y la posibilidad de develar el secreto. Además, en tanto vehiculizada por la palabra, sería un atenuante al malestar y al padecimiento. Por cierto, hay otras tantas formas de romper el silencio y de quebrar el secreto: la violencia y los acting out son contundentes y a veces, estrepitosas formas de develamiento de tramas ocultas.

Advierte Jitrik, que los cuatro términos (silencio, secreto, exclusión y conversación) se incluyen, por razones de semejanza, y se repelen por razones de diferencia, animando relaciones elementales, un andamiaje cuya operatoria se verifica en los casos aquí analizados.

El esquema gramatical de intersección, superposición y oposición arroja una cantidad de posibilidades de análisis. Jitrik lo desarrolla:

“secreto” y “silencio se vincularían en el orden de la intersección por dos razones básicas: por un lado, porque guardar un secreto, implica hasta cierto punto callar, y por otro, porque ciertos hechos se convierten en secretos porque media un callar (…). En cambio “exclusión” y “conversación” parecen opuestos: hablar entre dos supone, en principio, tenerse en cuenta para oírse, lo que, en consecuencia, parece antagónico de un apartamiento excluyente. Por otro lado, “silencio” y conversación” se superponen en la física misma de la emisión de frases, puesto que no podría entenderse la comunicación como un continuo uniforme y sin ritmo, el cual, se sabe, está dado por los silencios que la puntúan. Por último, la “exclusión” puede superponerse con el “secreto”, en la medida en que, para mantenerlo, el que lo posee aleja a otros, los excluye, “descomparte” (...) Estos términos configuran en un nuevo plano una red modal: saber, hacer y poder. “Secreto” supone un saber y un poder que emana de la posesión de ese poder. El silencio puede ser alternativamente saber y no saber, sumisión y poder. (….) “Exclusión” es hacer, y hacer desde un poder (…) “conversación” es hacer (Jitrik 2007, pp. 42-43).

A partir de estas coordenadas se abrió un universo de posibilidades a explorar, que me invitó a tensar los conceptos en el marco de un proceso de apropiación sui generis, corrido desde el campo literario hacia el campo de los expedientes judiciales. Estos textos fueron puestos en movimiento y vivificados a través de los sujetos que están implicados. Esta operatoria, a modo de metodología, hizo emerger los padecimientos inscriptos en las marcas del silencio, el secreto y la exclusión.

Aspectos éticos

Los expedientes fueron relevados en Juzgados de Menores, Juzgados de Familia y Defensorías Zonales de la Ciudad de Buenos Aires. En todos los casos se acordó confidencialidad en el tratamiento de datos sensibles y anonimización de cualquier referencia que pudiera conducir a la identificación. Ninguno de los nombres utilizados es real. Se conservaron los datos de trayectorias institucionales y los recorridos de cada una de las personas.

Resultados

Expedientes tutelares y expedientes de control de legalidad: Notas de campo

La frontera entre historia y destino nunca es tan evidente como en los casos de los niños que sufren institucionalizaciones desde muy temprana edad (…). El porcentaje de menores que luego llegarán a los institutos penales por motivos punitivos, provienen de esas franjas de población explotada y abusada, perdedora por definición. (Resta, 2008, p. 91).

¿Deprivado? ¿Adicto y padeciente? ¿Inadaptado? ¿Criminal? Un festival de etiquetas.

La pericia psiquiátrica permite trasladar el punto de aplicación del castigo, de la infracción definida por la ley a la criminalidad evaluada desde el punto de vista psicológico moral. (…) Lo esencial de su papel -de la pericia psiquiátrica- es legitimar, en la forma de conocimiento científico, la extensión del poder de castigar a otra cosa que la infracción. (Foucault, 2000, p. 31).

El paradigma del silencio: Bruno

El caso de quien llamaremos Bruno fue seguido a través de todo el expediente tutelar, y muestra con esplendor el poder médico-psiquiátrico como auxiliar privilegiado del poder judicial, a través de la ponderación de la pericia psiquiátrica. Su expediente estuvo abierto más de 10 años, desde 1993 hasta 2005, y se accedió al mismo cuando las actuaciones ya estaban archivadas. Aún faltaba para que se sancionara la Ley Nacional de Salud Mental No. 26.657 (Argentina, 2010) y Bruno tuviera estatuto de padeciente, sea por consumos adictivos, sea por clasificaciones psiquiátricas.

En este caso hay dos constantes que se reiteran y asumen valores distintos: por un lado, el silencio, y por otro, la exclusión.

El silencio aparece como resistencia ante la intervención de distintos agentes: ante los policías que lo aprehenden, no habla. En las instituciones, no brinda información sobre sí mismo. En los tribunales, no declara, no se autoincrimina, tampoco se defiende, y no se arrepiente; es resiliente, no se doblega. Expresa su “no decir” en su adicción, que es grave.

Bruno es literal, “habla” a través de actos siempre mediados por el uso de violencia. Cuando usa la palabra es para pedir que no le hablen, “que no le hagan la cabeza”, “que no intenten convencerlo” y lo más significativo, “que no lo traten bien, que no está acostumbrado, que siempre lo trataron a los golpes”. Él entiende el lenguaje de la violencia, la ley de la fuerza, por eso, redobla las apuestas. También por eso es permanente excluido, incluso de los lugares de exclusión. Se convierte en el residuo de los residuos sobre el que alertó Foucault, cuando sostuvo que el poder disciplinario siempre expone a los individuos que resultan irreductibles, inclasificables; y a la vez crea permanentemente nuevos dispositivos por el accionar de los cuales se hace un intento por restablecer la regla. Y esto es así porque “los sistemas disciplinarios se caracterizan por un trabajo constante de la norma en la anomia” (Foucault, 2005, p. 76).

Es uno de los pocos casos en que los jueces, unánimemente y sin dudar, decidieron aplicarle una condena sin reducción cuando alcanzó la mayoría de edad, y explicitan en los fundamentos de la sentencia el profundo desagrado por lo irreductible, violento e indolente, sin ningún interés de cambio; incluso manifiestan “por la pésima impresión causada” en la audiencia de conocimiento personal prevista en el Art. 41º del Código Penal (Guemureman, 2011).

Bruno contaba con varios legajos tutelares abiertos. En los expedientes tutelares se lleva registro de la historia de la persona, los aspectos vinculados a la conducción de su vida, los informes de los delegados tutelares, y de equipos profesionales de las instituciones, etc. A Bruno, en cada juzgado interviniente se le abría un nuevo legajo tutelar hasta que se tomaba conocimiento de que ya había abierto otro, en otro juzgado, y entonces los juzgados se remitían recíprocamente las actuaciones. Esta circunstancia confiere al expediente de Bruno, un cariz muy particular, dado que, a la dificultad de secuenciar las intervenciones, se añade la superposición de intervenciones y de oficios librados.

De todos los ruteros institucionales estudiados, en este caso las alternancias por tipo y por tiempos son sumamente curiosas: se suceden instituciones penales con instituciones terapéuticas y clínicas psiquiátricas. El rutero era casi un juego cantado, en que desde que Bruno venía aprehendido por la policía al Juzgado, ya el juez a cargo sabía que tendrían problemas para hospedarlo en alguna institución, por sus trayectorias previas. Todos se lo quieren sacar de encima. Si se lo enviaba a una institución de seguridad, la misma aducía que no era adecuada a su problemática, que contenía una base fuertemente adictiva. Si se lo remitía a una comunidad terapéutica de régimen semiabierto, desde ésta se hacía saber que no era apto para el tratamiento, ya que no tenía voluntad de cooperar. Si se lo mandaba a una comunidad terapéutica cerrada, de tipo dual, que alternaba sus prestaciones con las de clínica psiquiátrica, la queja era que si el adolescente no estaba medicado era violento, y provocaba disturbios y agresiones, a los demás y/o a sí mismo. En todos los casos, una internación daba lugar a un pedido institucional de traslado a otras instituciones, y para eso, los dictámenes del saber médico (psiquiatras, psicólogos) acudían solícitamente en auxilio.

¿Qué más ofrecen los expedientes de su historia? Bruno nació en Chile en 1982. A los 11 años registró su primer ingreso al Servicio Social de la Dirección del Menor, motivado por la figura de “vagancia” del entonces vigente código contravencional y de faltas. Familia desintegrada. Padre regresó a Chile y formó nueva familia. Madre se quedó, con varios hijos y sumida en una situación de gran deprivación. Residencia en una villa de la Ciudad de Buenos Aires. En los andenes de los ferrocarriles, Bruno empezó a consumir pegamento. Pedía dinero a los transeúntes y así se produjo la primera aprehensión.

Lo que sigue es una brevísima descripción de la trayectoria institucional: Ingresa a un instituto de menores, inicialmente por asuntos contravencionales (vagancia, ebriedad y otras intoxicaciones principalmente) y luego por temas delictuales (robo simple y luego robos agravados). Las primeras veces, su madre lo va a buscar. A partir de la tercera vez, él mismo se fuga. En una de las aprehensiones, rompe su silencio y solicita que no le hablen más. Expresa: “Es un placer robar y no dejará de hacerlo”. El primer informe médico lo inscribe dentro de la normalidad: “Estructura neurótica de personalidad, buena adaptación (…); conciencia de situación y no de enfermedad”.

Se suceden otros que ya emplean la clasificación psiquiátrica del DSM-IV: “Trastorno adaptativo con trastornos de comportamiento”. “Abuso de cocaína”. Estos informes habilitan el suministro de medicación psicoactiva (Halopidol®, Rivotril®, Akinetón®). Bruno se pone violento y es trasladado a una clínica psiquiátrica. El informe reza: “personalidad de base neurótica violencia latente, auto y heteroagresivadad, revistiendo el cuadro características de alta peligrosidad”. Continúa medicado. En algún momento egresa, y al poco tiempo es aprehendido por comisión de otro hecho delictivo. Bruno aun no es punible.

En las clínicas psiquiátricas que lo aceptan se comporta en forma violenta, por eso se aclara que es tratado “con los recaudos del caso”, forma eufemística de referir la medicación psicoactiva que se le suministra para que esté tranquilo, o bien, “con las medidas de seguridad adecuadas para evitar eventuales descompensaciones con agresividad y tendencias evasivas”, eufemismo de mantenerlo atado a su cama. Proliferan las etiquetas: no es alienado, no es demente en sentido jurídico. “Reviste la forma clínica de trastornos graves de la peligrosidad con componentes toxicofílicos y conductas marginales riesgosas”. “Poliadicción”. “Paciente muy peligroso, auto y heteroagresivo”.

Cuando el joven recupera su libertad (siempre mediante fugas violentas), ésta no le dura mucho, como se desprende de un cotejo de fechas en el expediente tutelar. Bruno vuelve a la calle, donde vive con su pareja, con quien tiene una hija prematura. Vuelve a cometer hechos delictivos e invariablemente, es de nuevo aprehendido por la policía.

Se dibuja la historia familiar de abandono, malos tratos y falta de contención. El modo de vincularse con lo doloroso de su vida es totalmente reactivo: trata mal y agrede a quienes lo tratan bien. El silencio es su modo de defensa. La violencia, su modo de comunicación. También confunde historia con destino y defiende como elección genuina lo que “le sucedió” y de lo cual no pudo zafar: “me gusta consumir, me gusta robar”.

Ya cuando cumple la mayoría de edad, el rutero de traslados, sanciones, y episodios de violencia, viene de la mano de los informes de conducta y concepto de las unidades penitenciarias. El poder judicial, correccional y disciplinario, busca el auxilio de las ciencias médicas psiquiátricas que tampoco lo reclaman para sí. Bruno queda en la desidia institucional, y se convierte en un “cliente” permanente de las unidades penitenciarias que lo trasladan cada vez que se les torna conflictivo.

Marcia: Abuso, desamparo, padecimiento. Todas las violencias, una violencia

El abuso es la herida de una guerra que se libra en el silencio y en la oscuridad (Despentes, 2006, p. 33).

El caso de Marcia fue seguido desde el expediente de protección de persona radicado en un juzgado de familia en la Ciudad de Buenos Aires. Es paradigmático porque a través de él puede seguirse el rutero en materia de protección de niñez y adolescencia. La derogación de la figura de protección de persona, el traspaso a las defensorías zonales, la puesta en marcha de dispositivos de protección especial, el fracaso de las estrategias, la cronificación de las situaciones de violencia y abuso, y la nueva apelación a la justicia, esta vez para que confiera legalidad a una medida excepcional de protección de derechos que incluye institucionalización de tipo asistencial en un hogar de asistencia integral.

A través de un caso, convergen la historia reciente de la legislación de protección en materia de infancia, con aditivos y condimentos en que se cruzan la Ley de Violencia Familiar, y ya hacia el final, la Ley de Salud Mental.

El caso abarcó 14 años desde el inicio, como protección de persona hasta el cierre como control de legalidad. La madre de Marcia, que llamaremos Fabiana, tuvo abierto un expediente por la Ley No. 24.417 (Argentina, 1994) de violencia familiar que implicó, aplicando el artículo 4°, el dictado de medidas cautelares de exclusión del hogar para el padre de Marcia. Como suele suceder en tantísimos casos en los que la violencia se vuelve crónica, la exclusión del hogar no pudo ser mantenida por Fabiana, y cuando se activó el expediente de protección de persona, se buscó operar también sobre la situación de violencia que era sustrato de la vulneración extrema de derechos de Marcia.

A la tercera o cuarta orden de exclusión del hogar, Fabiana excluyó finalmente al padre de Marcia, pero solo para incluir a una nueva pareja, que resultó también violento, y que también concitó diversas órdenes de exclusión, desobedecidas tenazmente por Fabiana. Para entonces, se completó el circuito de intervención judicial y administrativa y Fabiana empezó a ser tratada como “padeciente” en virtud de la ley de salud mental. A la etiqueta de “víctima de violencia”, se añadió la de “portadora de sufrimiento psíquico” aunque en el lenguaje de los operadores y funcionarios judiciales Fabiana era una “madre loca y adicta”.

¿Qué más dicen los expedientes de la historia de Marcia? En 2001, siendo una niña de 2 años fue encontrada extraviada en la calle. Fue llevada a la comisaría, lugar a donde concurrió su madre a buscarla. Se hizo el reintegro al hogar, pero se labraron actuaciones que determinaron que se abriera una causa de protección de persona en un juzgado de familia de la CABA. Se realizaron las primeras intervenciones. El equipo técnico tomó entrevistas a los padres. En la evaluación emergió una problemática de violencia de género padecida por Fabiana -incluso con denuncias previas realizadas- y consumo problemático de alcohol por parte de ambos. Se recomendaron acciones y tratamientos. Las entrevistas, cada vez más esporádicas, fueron de control de rutina burocrática. Se apostó a los recursos simbólicos de Fabiana, con alto nivel educativo (universitario incompleto) y una condición de vivienda estable (propietaria).

Pero en 2006, con la administrativización de los expedientes de protección de persona (Vives, 2008), el expediente es derivado a la Defensoría Zonal cercana al domicilio de Marcia, que es citada con su madre por la Coordinación de la Defensoría. Al concurrir, se toma conocimiento de que la violencia había recrudecido, involucrando a la niña como testigo de los episodios cada vez más frecuentes entre los padres, que requerían la intervención policial por llamadas de los vecinos. La Defensoría detecta indicadores de negligencia y falta de adecuados cuidados parentales. Se indica a Fabiana que debe preservar a su hija de la violencia. Fabiana manifiesta que necesita ayuda, que no puede ella sola lidiar con todo, y refiere no contar con referentes familiares. Se le ordena realizar tratamiento específico y se la deriva al hospital zonal. Al siguiente episodio de violencia con intervención policial, se pronuncia una nueva medida cautelar de exclusión del hogar del padre. La orden no es cumplida. Fabiana no puede sostener la exclusión.

Entretanto, Marcia, que ya tiene 8 años y muestra signos de obesidad, permanece callada en las entrevistas y prolonga con su silencio el encubrimiento de lo que ocurre en su casa. Le preguntan por su padre, y la niña lo protege. Declara que su padre es muy cariñoso con ella. La psicóloga se pone alerta. Indaga, intuye que algo no está bien. Se entera que hay colecho del padre con la hija. Fabiana minimiza la situación, dice que “no ve ninguna anomalía”. La psicóloga sospecha abuso sexual. Se le vuelve a sugerir a Fabiana que aporte referentes afectivos para sustraer a su hija de una situación de absoluta irregularidad. La violencia entre los padres recrudece. Los referentes familiares no aparecen. La Defensoría advierte a Fabiana que internará a Marcia en un hogar. Fabiana, asustada, efectiviza la exclusión.

La situación no mejora. Fabiana muestra pronunciados signos de deterioro psíquico. Forma una nueva pareja con Paulo, a quien lleva a convivir a su hogar. Paulo es un reciclador urbano que vivía en la calle. La hija se queja al principio, pero luego se resigna a la situación. Su madre la convence de que “tiene derecho a rehacer su vida”. La niña calla y en simultáneo engorda. Marcia está bloqueada en la comunicación. Está triste, no habla, no comparte lo que le pasa. Al poco tiempo, la historia de violencia recomienza. Paulo es muy violento con Fabiana y con Marcia, que empieza a manifestar temor. Y temor de expresar el temor. Aun así, en las siguientes entrevistas en la Defensoría, calla, preserva y protege a su madre con su silencio. La violencia no puede ser “secretizada” porque es un secreto a voces: lo saben los vecinos, lo saben los maestros de la escuela.

Un episodio muy violento, donde Paulo lastima con un cuchillo a Fabiana y ella es hospitalizada, determina una denuncia de resultas que la justicia se expide con una nueva medida cautelar de exclusión del hogar. Fabiana dice ejecutar la medida, y anuncia que Paulo se ha ido, aunque continúa su relación de pareja. A los pocos meses, en la Defensoría, Marcia rompe el silencio y devela-revela lo que sucede: Paulo vive con ellas. La madre se enfurece y busca convencer al equipo técnico que su hija miente. Pero la Defensoría le cree a Marcia, que ya tiene 10 años, y considera agotadas las medidas de protección especial, por lo que promueve el dictado de una medida excepcional de protección de derechos, con la internación de Marcia en un hogar de atención integral en el que pasará casi tres años.

Romper el “secreto”, le costó a Marcia la “exclusión” del hogar. Lejos de redimirla, quebrar el silencio fue una condena. La madre comunica a la Defensoría que ella no abandonará a Paulo, que está enfermo.

Tres años después, Fabiana concurre a la Defensoría Zonal, comunica el fallecimiento de Paulo y pide recuperar la tenencia de la hija. Luego de una muy breve terapia de revinculación familiar, la Defensoría considera que Marcia está en condiciones de volver a su casa. Se cierra el expediente 12 años después. Parecía un final feliz… pero no. Fabiana tenía padecimientos mentales severos y deterioros producto de violencias y adicciones. Al poco tiempo, se suicidó, dejando a Marcia nuevamente en el circuito de protección. Marcia es una adolescente con consumos problemáticos. La historia se repite.

Discusión

Presentados los casos, nos detendremos en los núcleos problemáticos del padecimiento psíquico que remiten al secreto, al silencio, a la violencia, al abuso y al padecimiento psíquico, y que marcan una línea divisoria entre la protección y el resguardo de derechos, y la sobrevulneración a través de la exclusión de las víctimas de padecimiento.

A partir de los casos se esbozará algunas paradojas surgidas al repensar desde los procesos de producción de significación, a los núcleos de los padecimientos en juego en el marco de los expedientes tutelares y de control de legalidad en medidas excepcionales de protección de derechos. Se ha ordenado los emergentes en lo que parece ser una constelación de paradojas atravesadas por signos encontrados en los que riesgos, derechos y garantías son severamente interpelados por los sonidos del silencio, el estruendo del secreto y la precariedad de las inclusiones y exclusiones. Esta caracterización no tiene aspiración de tipología exhaustiva.

Las paradojas del silencio, el secreto y la exclusión en la sede de administración de justicia

Es necesario situar las paradojas del silencio, el secreto y la exclusión en los ámbitos que suelen transitar los NNYA atravesados por vulneraciones y violencias: las Defensorías Zonales y los tribunales, sean de Familia o de Menores, salpicando con algunos destellos procedentes de otras instituciones.

A través de la denuncia espontánea, o de la mediación institucional, cuando los casos llegan a los Juzgados de Familia entra en juego la labor judicial como tarea de desciframiento de enigmas: en el caso de la violencia familiar, y sobre todo en casos de abuso sexual, hay una intrincada trama de enigmas que permiten que las acciones sucedan a repetición, y que queden en la órbita del secreto doméstico, como estructuras cristalizadas, inmutables, y que no trascienden al afuera. Una vez corrido el velo, la intervención profesional debe ser muy cuidadosa, ya que muchas veces, con las mejores intenciones, las intervenciones provocan verdaderas hecatombes familiares, que producen curiosos realineamientos al interior con el objetivo del mantenimiento de la homeostasis del sistema familiar, y no es extraño que el reacomodamiento incluya un repliegue del sistema sobre sí mismo, impidiendo la entrada del “afuera”.

El dictado de una medida cautelar de exclusión del hogar no es eficaz si en simultáneo no se empodera a la víctima de violencia a la cual el padecimiento ha literalmente subyugado y no está en condiciones de hacer frente a su opresor, y tampoco de defender a sus hijos. Entonces, desobedeciendo la medida cautelar se privan de la garantía de la protección, y en los siguientes episodios están más vulnerables. Muchas veces silencian el malestar y la violencia para no concitar sobre sí el reproche institucional. Se quedan solos con su padecimiento. Secreto y silencio operan como modo de sostenimiento de ese status quo precario.

De lo expuesto emerge que el silencio suscita obligaciones y derechos. Para las propias víctimas es muy difícil revelar el secreto de sus sufrimientos, vejámenes y humillaciones. Se produce una curiosa inversión de la carga de la prueba, donde las víctimas se asumen como culpables de los malos tratos recibidos, muchas veces en la convicción de que “algo habrían hecho para merecerlo” y de esta manera, prolongan el secreto con su silencio. Aquí se genera una paradoja de la preservación del secreto mediante el silencio incondicional: se constituye en una situación sine qua non para mantener la inclusión y la pertenencia; y su violación genera la otra violencia, la de la exclusión y el desamparo.

No es infrecuente que romper el silencio, quebrar el secreto, tenga para la víctima la perversa consecuencia de la exclusión del hogar. Romper el silencio, quebrar el secreto, es un riesgo.

El eslabón se rompe por lo más delgado, como le sucedió a Marcia. Por eso, el silencio puede interpretarse también como forma de resistencia a la exacción de saber-poder: la víctima se calla para no incriminar a nadie. También se calla para evitar una nueva desnudez, y por ende una sobreexposición a una re-victimización (la humillación de la victimización secundaria). La víctima evita “correr un riesgo”. Otras veces se calla porque tiene miedo, y prolonga la dominación simbólica del abusador en espacios que no percibe como seguros, “libres de riesgo”. Y ese silencio puede expresarse como obesidad, adicción, erupción, enfermedad psicosomática o autoinmune, tentativa de suicidio; siempre como sufrimiento.

En el caso de NNYA, es harto probable, por no realizar una afirmación severamente taxativa, que estos NNYA provengan de hogares donde el mandato de callar se hizo carne en ellos: suelen ser inducidos y coaccionados hacia el silencio; y al callar, se convierten en cómplices de la perpetuación de sus propios padecimientos. Silencio por temor a la represalia. En los casos de abuso sexual o de incesto, la conminación al silencio para mantener a buen resguardo al secreto.

Aquí aparece el secreto bajo dos formas:

  1. Una radical e incondicional, en que el secreto no se quiebra por ningún motivo, y opera como la ley del silencio u omertá -es decir, al modo de juramento de lealtad de la mafia italiana- su quebrantamiento se paga con la vida. En el caso del abuso intrafamiliar, este silencio-secreto, protege a otros de enfrentar las consecuencias de sus acciones, mientras permite la reproducción del abuso. El beneficio subsidiario de este silencio radical es la permanencia en el lugar de pertenencia; es decir, la disipación del riesgo de exclusión.

  2. Otra relativa y condicional; es decir, cuando aparece la terceridad, personificada en instancias que se suponen resguardadas, y el secreto se revela a condición de su preservación. Aquí se suscitan los conflictos acerca de la ética y el secreto profesional. ¿Se debe denunciar? ¿Se debe preservar la confianza del lazo construido?

Así, como silencio puede ser leído en clave de resistencia a la exacción de saber-poder, también puede ser leído como exclusión de la palabra, la condensación sin metáfora de la infancia (infans = “no habla”). Esa exclusión de la palabra es el precio para conservar la inclusión en el núcleo familiar, el amparo del techo y la inscripción en un entorno afectivo. Mientras Marcia no habló, no puso en juego su permanencia dentro del hogar; bastó que rompa el silencio, que simbolice el abuso a través de la palabra, para que, en lugar de reducir su malestar, fuera expuesta a un malestar mayor, el de la exclusión del núcleo de pertenencia.

Esta especie de ecuación entre riesgos y garantías es la que se torna visiblemente compleja de comprensión. En realidad, no hay demasiada elección para la víctima, siempre está negociando en condiciones de desventaja, con un no-igual. ¿Hay mayor desamparo que esta falta de libertad?

El momento de la ruptura del silencio puede aparecer como síntoma (una enfermedad, algún trastorno de aprendizaje, alguna manifestación corporal ostensible) o como confesión, que cambia de signo según que la confesión sea hecha por la víctima o padeciente, o por el ofensor o autor de conducta disvaliosa.

Si la confesión la hace la víctima, y esta es intencional, puede ser un indicador de voluntad de ruptura con una situación anterior, y una oportunidad de que otros operen para coadyuvar a la instalación de un nuevo equilibrio relacional; también puede expresar el deseo de poner punto final al secreto, con el manto de culpa que le es inherente. Es el caso de Marcia.

Si la confesión procede del ofensor (podría ser el caso de Bruno) bien puede asumir el valor de alivio, y aquí la confesión sería lo opuesto al silencio. En el silencio, el ofensor se niega a autoincriminarse. El silencio asume el valor de garantía: “tiene derecho a guardar silencio”, “nadie está obligado a declarar en su contra”. Pero cuando se produce, la confesión puede constituirse en condición que habilita el dictado de castigo y/o sanción. En este caso, la confesión confiere legitimidad al dictado de las medidas duras de exclusión. Bruno es el irreductible, al que los jueces definen como “recalcitrante” y “reacio a cualquier cambio positivo”, que trae reminiscencias del reo que refiere Foucault, aquel que, acusado de cinco violaciones y seis tentativas de violación en un breve período, sentado en el tribunal mantuvo un persistente silencio, hasta que un miembro del jurado exclamó: “¡Pero, bueno, ‘al menos’ defiéndase!” (Foucault 1990:231).

Ante el monólogo interrogativo Bruno resiste, no solo al reconocimiento de los hechos, sino que resiste al dispositivo que pretende que justifique esos hechos, que defienda aunque sea las malas razones, le exigen “un examen de conciencia, una explicación de sí mismo, una aclaración de lo que él es” (Foucault, 1990, p. 233). Por cada Bruno hay cientos de casos en que la promesa de cambio de conducta, de “rescate” se esgrime como argumento de disminución en el reproche penal (Guemureman, 2011).

Las paradojas del silencio, el secreto y la exclusión en las instancias administrativas de protección de derechos

Como se mencionó, las figuras de maltrato tramitan en las leyes de protección integral de la niñez que las subsumieron. Y llegan a las instancias administrativas a través de la denuncia o derivación, a veces desde la escuela; otras, el hospital; otras por vecinos o familiares. Tampoco es infrecuente que la revelación se produzca in situ, en la instancia de visita o de consulta, y que sea el propio niño/a el que exprese lo que está sucediendo por intermedio de palabras, de dibujos, o de silencios. Los profesionales, cual intérpretes autorizados, solo tienen que querer develar la trama oculta, el secreto, lo que se esconde, y hacerse cargo de las consecuencias que esto genera.

Animar o desanimar depende de la predisposición del equipo técnico, de la sensibilidad, del entusiasmo que pongan en la tarea; es decir, es contingente: lo que en una Defensoría amerita seguimiento, en otra se deja caer. Las causas en las cuales la violencia es un detonante de deficiencias familiares y conflictos, son una invitación a desenrollar la madeja de problemáticas complejas que encubren secretos, como el abuso intrafamiliar muchas veces de carácter incestuoso. La lógica del develamiento exige compromiso y no delegación, exige “querer ver” y no “querer ocultar”. Se podría decir que quebrar el secreto exige voluntad de hacerlo. Muchas veces las tramas secretas no están ocultas o están muy mal disimuladas. Muchas veces los operadores desisten de “abrir la caja de Pandora” porque los padecimientos nunca vienen solos. Como me lo refirió una Coordinadora de Defensoría Social, psicóloga de profesión, se suscitan preguntas como “¿Y para qué querés saber?” “¿Y para qué querés enterarte? ¿Vas a poder hacer algo?”, o “Solo vas a generar más dolor” al poner en evidencia lo que implica en términos de humillación o de vergüenza que “esas cosas se sepan”.

El caso de Marcia ilustra esta transición. Comenzó siendo un caso de protección de persona, y pasó a una Defensoría Zonal, como tantos otros. Una vez allí, tramitó como un caso de medidas de protección especial. En tal carácter, fue abordado durante más de tres años. Es Marcia la que rompe el silencio, revela el secreto de la permanencia de la presencia “maldita”, pone en evidencia a su madre por la desobediencia a las pautas ordenadas y la exposición al riesgo de sí misma, y las medidas de protección especial viran a medidas excepcionales con solicitud de internación.

Las paradojas del riesgo y las garantías: ¿Más o menos derechos?

Del análisis de los expedientes, surge que las historias de violencias y desamparos se asemejan más de lo que se diferencian. En un caso, la violencia explota “hacia afuera”, y se objetiva en acciones disvaliosas, sean hechos delictivos, agresiones, fugas, o amenazas. En el otro, la violencia “carcome por dentro”, bajo la forma de silencios, depresiones, conductas autodestructivas y subjetividad devastada.

Silencio y secreto asumen valores distintos en los dos casos que repercuten en trayectorias de exclusión-inclusión, y esto me permite afirmar que pueden situarse algunas paradojas alrededor de “romper el silencio”, a través de decir, de la palabra o del acto. Para Marcia esto puede ser un alivio y una expectativa de salvación, de salida de su calvario; para Bruno, la posibilidad cierta de ser aprehendido, capturado y castigado. Lo que para Marcia puede asomar como una garantía, o un grito para que se protejan, promuevan, repongan sus derechos, para Bruno es puro riesgo.

Pero la constelación se invierte cuando se problematiza la contraria y complementaria paradoja de “guardar silencio”. En el caso de Marcia consolida un status quo de gran malestar y costo psíquico y físico; es decir, prolonga su situación de riesgo, y en tal sentido asume un valor negativo. En el caso de Bruno, “guardar silencio” es la garantía de no autoincriminarse, de no cooperar en el proceso de la responsabilización atribuida. El derecho en tanto valor instrumental, el derecho de callar.

Respecto al secreto también laten tensiones, ya que la revelación, o la invitación a través de indicios a su develación, acarrea costos excesivos, al punto que desde las instituciones se promueve una sutil invitación a la víctima de violencia, o de padecimiento, a conservar el secreto so riesgo de sufrir una revictimización, a través de la culpabilización, la humillación, o el caso extremo de la exclusión del hogar. Aquí el caso de Marcia es paradigmático.

En síntesis, la ventana de los concentrados semióticos y los procesos de interpretación inagotable a que nos invitan, además de sumar a la comprensión de los padecimientos psíquicos de NNYA permiten también avizorar claves para la intervención institucional y profesional en las prácticas y dispositivos de protección y promoción de derechos, o bien en la instancias de administración de justicia que se propongan cánones restitución o restauración de derechos en el marco de medidas socioeducativas: El tríptico secreto-silencio-exclusión debe ser repensado y complementado con el tríptico derechos-riesgos-garantías. Una acertada comprensión de la hermenéutica de estas claves podrá redundar, segura y esperanzadamente, en la reducción de las tramas de malestar y padecimiento psíquico de NNYA.

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Financiamiento

1 Financial disclosure CONICET Argentina.