Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, Vol. 17, No. 1 (2018)

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doi: 10.5027/psicoperspectivas-Vol17-Issue1-fulltext-1211
Romero Bachiller and Montenegro: Políticas públicas para la gestión de la diversidad sexual y de género: Un análisis interseccional



La noción de diversidad funciona como núcleo articulador de las políticas públicas dirigidas a la gestión de las diferencias y la promoción de la convivencia en contextos complejos. Conceptos como inclusión, normalización o igualdad funcionan como horizontes deseables frente a las desigualdades y discriminaciones que afectan a diferentes posiciones sociales, en especial aquellas definidas como minoritarias o en riesgo de exclusión social. Estos discursos, perspectivas y metodologías emergen en un ensamblaje de actores heterogéneos en el que ciertas construcciones se tornan dominantes mientras que otras quedan latentes o desaparecen (Agrela, 2004). Las leyes y normas resultantes, mediante las cuales se responde a aquello definido como problemático, tienden a una perspectiva generalista, al desplegar lógicas de homogeneización y categorización (Subirats, 2012).

En el Estado español, según analiza Lucas Platero (2012), las políticas públicas parten mayoritariamente de una perspectiva monofocal para abordar las desigualdades. Se implementan políticas sectoriales a partir de categorías como mujeres, discapacidad, familia, exclusión social, empleo, etc. Platero apunta a la complejización que ha tenido esta dinámica con la incorporación, en las políticas de la perspectiva de género por ejemplo, de menciones a las sexualidades no normativas, la identidad de género o la transexualidad. Esta complejización viene de la mano de conceptos como el de interseccionalidad o el de discriminaciones múltiples que son usados para dar cuenta de la diversidad contenida en el propio colectivo destinatario de la política pública.

La noción de interseccionalidad apunta precisamente a algunas de las discusiones más extensas del feminismo: la referida a las diferencias entre mujeres y la relacionada con la visibilización de las múltiples relaciones de poder que constituyen los posicionamientos cotidianos, lo que ha generado una amplio debate académico y al interior de diferentes movimientos sociales (Davis, 2008). No obstante, según Hankivsky y Cormier (2011), la integración de la interseccionalidad en el desarrollo, la implementación y la evaluación de políticas públicas no ha seguido esa misma tendencia y está en sus primeras etapas de desarrollo.

Una perspectiva interseccional en el campo de las políticas públicas y su configuración legal necesita ser atentamente revisada en términos teóricos y pragmáticos pues, aunque tendría como propósito complejizar las perspectivas sectoriales, podría acarrear las mismas consecuencias de estigmatización y homogeneización que han sido identificadas en las políticas con abordajes monofocales (Anthias, 2002; Spade, 2013; Verloo, 2006, 2013; Yuval-Davis, 2012).

En este artículo nos centraremos en políticas públicas del campo de la diversidad sexual y de género, para lo que realizaremos el análisis de dos leyes promulgadas recientemente en el estado español: la "Ley 11/2014, del 10 de octubre, para garantizar los derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales y para erradicar la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia", y la “Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid”.

En concreto, veremos cómo las fronteras de determinadas categorías son construidas y emergen ciertas diferencias como relevantes, mientras otras quedan silenciadas, materializandose configuraciones particulares de desigualdades y jerarquías. Como señala Dean Spade (2013, 2015) las apelaciones a la igualdad que toman forma de leyes en muchas ocasiones se transforman en mecanismos que tienden a perpetuar la desigualdad mientras garantizan el control de poblaciones tradicionalmente vulnerables y marginalizadas. Las líneas de demarcación de las pertenencias y exclusiones al estado son reforzadas mediante la construcción de ciertos sujetos “universalizados” susceptibles de protección, frente a otros excluidos o convertidos en potenciales amenazas (Puar, 2007; Spade, 2013).

La forma en que se concibe la intervención legal, vinculándola a la garantía de los derechos humanos supone una ampliación del ámbito de la ciudadanía y de la nación a personas que históricamente han estado excluidas del mismo. Este mecanismo de inclusión de nuevos colectivos no desvanece la línea de la exclusión, sino que la desplaza abriendo nuevos espacios de exclusión. Además, al identificar el espacio de las sexualidades y posiciones de género no normativas con lo delimitado por la regulación, no se posibilita que aquello que queda fuera de la protección legal se lea en esos parámetros. Jasbir Puar (2007) ha denominado este proceso “queer as regulative” esto es, la imposición de una homonormatividad mediante una construcción categórica que identifica a aquellos sujetos protegidos ─LGTBI─ y que, al tiempo, se convierte en el límite de quiénes pueden o no ser reconocidos.

Partiendo del análisis de estos dos textos legales veremos las tensiones que emergen respecto al concepto de interseccionalidad en el ámbito de las políticas públicas para la gestión de la diversidad. Comenzaremos con un breve repaso a la perspectiva interseccional, para después apuntar cómo puede ser empleada como metodología de evaluación y análisis de políticas públicas. Seguidamente procederemos al análisis de las leyes reseñadas a partir de su lectura crítica desde la interseccionalidad. Cerraremos este trabajo presentando nuestra propia lectura de la perspectiva interseccional como “sistematicidad de las contingencias” siguiendo la imagen de Avtar Brah (1992, p. 123).

La perspectiva interseccional como marco

La interseccionalidad es para muchas autoras la mayor contribución del feminismo al análisis social (McCall, 2005; Yuval-Davis, 2006, 2017), un espacio analítico fundamental para enfrentar conflictos en torno a la diversidad y dar cuenta de la formación compleja de las diferentes posiciones de sujeto al cuestionar lecturas monovectoriales y los procesos de configuración categorial con un lenguaje que va más allá de las políticas de la identidad (Cho, Crenshaw, & McCall, 2013). Aún antes de que se consolidara el término, durante los años 1970 y 1980 y a ambos lados del Atlántico se estaba trabajando en los efectos conjuntos de los procesos de subordinación ─“simultaneidad de opresiones” (Combahee River Collective, 1977)─ o la necesidad de atender a las interrelaciones de género, etnicidad y clase en los análisis feministas de las formas en las que las relaciones de poder configuraban posiciones subordinadas (Anthias y Yuval-Davis, 1983).

La interseccionalidad ha atravesado marcos geopolíticos, disciplinas y propuestas analíticas, pero el término fue acuñado por Kimberlé Crenshaw en 1989 en el ámbito del derecho, en un artículo que denunciaba la situación de indefensión a la que se abocaba a mujeres negras discriminadas laboralmente. Crenshaw apuntaba cómo la construcción categorial asentada en el derecho ─legislación antidiscriminación─ producía una delimitación de los sujetos susceptibles de protección ─mujeres, por un lado, personas negras, por otro─ de formas exclusivas y excluyentes. En los intersticios categoriales se asentaban posiciones ─mujeres negras─ cuyos derechos quedaban desprotegidos por tal configuración. Se trataba de un trabajo de indagación en la configuración de categorías, cuyo énfasis se situaba en los efectos de vulnerabilidad de las posiciones de solapamiento o en sus propias palabras, en su intersección (Crenshaw, 1989). Esto llevaría a una demanda de intervención y transformación de las políticas públicas y leyes, dado que hay situaciones donde las líneas de discriminación no pueden ser determinadas y adecuadamente enfrentadas desde consideraciones unidireccionales.

La interseccionalidad se ha convertido en una perspectiva fértil que cuestiona las categorizaciones como formas de delimitar pertenencias y exclusiones (McCall, 2005; Spade, 2013; Verloo, 2013), y que, a través del análisis de la configuración de las relaciones de poder, denuncia la conformación de privilegios mediante los mecanismos de universalización en la figura de los varones blancos, heterosexuales, de clase media, occidentales (Alexander, & Mohanty, 1997; Verloo, 2006). Además, la interseccionalidad promueve una radical transformación analítica, insistiendo en la necesidad de leer conjuntamente los procesos de estructuración social de género, raza, clase, más allá de análisis unidireccionales (Anthias, 2012; Anthias, & Yuval-Davis, 1983; Crenshaw, 1989; 1991; Yuval-Davis, 2006; 2017). También, insiste en la confluencia de los mecanismos de subordinación y en sus complejas interrelaciones, atendiendo a la diversidad y considerando diferencias intragrupales e intergrupales (Brah, 1992; Cho, Crenshaw, & McCall, 2013; McCall, 2005; Yuval-Davis, 2006). Además, la interseccionalidad nunca ha perdido la vocación de “praxis” social (Cho, Crenshaw, & McCall, 2013), y desde su origen se ha situado como una indagación crítica que cuestiona las formas de intervención del estado para preservar la igualdad y su incapacidad para responder a vidas y experiencias complejas que no se pliegan a las definiciones categoriales establecidas (Crenshaw, 1989, 1991; Platero, 2007; Spade, 2013, 2015; Verloo, 2013). Todo ello desde una apuesta política que denuncia los mecanismos de exclusión de los que han sido objeto las personas múltiplemente marginalizadas, y la quiebra de las pretendidas solidaridades de la política de la identidad, cuestionando sus mecanismos universalizadores y las dinámicas de exclusión y vulnerabilidades que genera (Crenshaw, 1991; Spade, 2015).

Un campo tan productivo no está exento de controversias y debates que enriquecen la reflexión. Sin ánimo de exhaustividad, y a partir de las cuestiones que nos parecen más relevantes para la propuesta que presentamos en este artículo apuntamos algunos de estos debates.

En primer lugar el debate sobre la complejidad en el que Leslie McCall (2005) identificó tres líneas principales que denominó complejidad anticategórica, complejidad intracategórica y complejidad intercategórica. La primera insistiría en la deconstrucción para mostrar y cuestionar los procesos de formación de categorías como mecanismo para promover la eliminación de las desigualdades que tales categorías sostienen. La segunda, trabajaría para mostrar la diversidad al interior de las categorías existentes alertando contra la homogeneización grupal, ligada a prácticas políticas de la identidad. La tercera, no renunciaría necesariamente a los marcos categóricos, sino que consideraría sus efectos materiales concretos y se apoyaría en ellos “estratégicamente” para denunciar su funcionamiento (McCall, 2005).

Otro ámbito de discusión, tanto en los marcos políticos de intervención como en los analíticos, ha abordado la cuestión de si en los procesos interseccionales existirían algunas categorías prioritarias o que marcarían de forma más amplia la vida de las personas y hasta qué punto se debería establecer una jerarquía en las mismas. Esto ha sido denominado irónicamente por Ange-Marie Handock como “Olimpíadas de la opresión” pues llevarían la competición entre grupos oprimidos para reclamar la atención política como aquellos más desfavorecidos, sin cuestionar el marco de estratificación en que se integran y dificultado las alianzas entre colectivos (Handock, 2007, p. 68). Este debate va de la mano de la pregunta por la intervención social y cómo se delimitan los sujetos de la acción política (Spade, 2013; Verloo, 2013).

Finalmente, destacar la pregunta por la relativa independencia o continuidad de las diferentes diferencias (Butler, 1993; Cho, Crenshaw, & McCall, 2013; Gunnarson, 2017; Yuval-Davis, 2006; 2017). Lena Gunnarson (2017) identifica algunas corrientes que enfatizarían la continuidad y co-conformación entre las diferentes categorías de análisis -raza, clase, género, sexualidad, capacitismo, entre otras-, que no preexistirían a su configuración interseccional, sino que siempre se producirían en continuidad -de tal forma que la raza siempre sería una categoría generizada y la sexualidad estaría racializada, por ejemplo- (Butler, 1993; Cho, Crenshaw, & McCall, 2013). Estas posiciones se opondrían a aquellas que establecen cierta autonomía entre los elementos de estructuración social. Nira Yuval-Davis y Floya Anthias, por ejemplo, identifican las diferencias como “ontologías sociales” (Anthias, 2012), insistiendo en cómo cada uno de los elementos de estructuración social, si bien mutuamente constituidos en relaciones sociales concretas, histórica, local y geopolíticamente situadas, gozarían de cierta autonomía al ser ontológicamente diferentes: la clase producto de la explotación de las relaciones de producción, el género dentro de los marcos patriarcales, la etnicidad en dinámicas de creación de pertenencias y exclusiones grupales, etc. (Yuval-Davis, 2006, p. 201) Según esta posición el reconocer relativa autonomía a cada elemento de estructuración permitiría ver cómo se articula en relación con los otros.

Como desarrollaremos al final de este artículo nuestra posición, no apuntaría a diferencias ontológicas entre los elementos de diferenciación sino que abogaría, precisamente por lo contrario: para poder hablar de las especificidades concretas en que se articulan los diferentes elementos de estructuracción es necesario mostrar las formas en que se configuran en relación con otras diferencias. Si analizamos su particular configuración semiótico-material, podemos ver que el tipo de fenómenos que las configura no es ontológicamente diferente, sino que suponen formas de ensamblaje y articulación concreta en las distribuciones de privilegios y exclusiones.

Como vemos, estos debates abren un amplísimo espacio de indagación y análisis y permiten considerar la perspectiva interseccional al tiempo, como un campo analítico y como una herramienta metodológica, y es, precisamente, navegando en ambos planos en la dirección en que nos movemos en este trabajo, reivindicando una mirada al tiempo situada, rigurosa y políticamente comprometida.

Metodología

El campo de las políticas públicas resulta idóneo para analizar las formas en las que actualmente se gestionan asuntos relativos a la diversidad, y para explorar diferentes maneras de entender y usar la noción de interseccionalidad. Brigagão, Vitoriano do Nascimento y Spink (2011) afirman que la creación de políticas es un proceso de “bricolaje” pues se realiza mediante múltiples referencias a ideas de diferentes contextos, usos de enfoque local e, incluso, adopción de ciertas modas o corrientes de pensamiento. La presencia de intereses diversos en el proceso hace que en éste se articulen controversias, conflictos y resistencias, reflejando el ir y venir de versiones circulantes asumidas o emergentes sobre aquello que se busca atajar con su creación.

Aunque la formulación de políticas entraña mecanismos complejos y conflictivos, éstas, una vez formuladas, estabilizan significados y prácticas creando un marco regulatorio que funciona como dispositivo de control en la medida en que determina qué formas de vivir son posibles y deseables (Motta, 2016). De este modo, dentro del conjunto de las políticas públicas, los entramados legales constituyen mecanismos fundamentales dado que determinan no solo qué es aquello que socialmente se identifica como digno de protección, sino la forma en que tal protección se va desarrollar, así como los sujetos concretos que pueden aspirar al amparo legal: configuran identidades y derechos asociados a éstas y, en consecuencia, son un espacio donde se establecen asimetrías y se trazan trayectorias de inclusión-exclusión.

El análisis de documentos que definen los lineamientos para abordar problemáticas asociadas a la diversidad sexual y de género ─como es el caso de las leyes que aquí analizamos─ resulta fundamental para comprender las maneras en que se concibe y gestiona dicha diversidad y las categorías identitarias que contribuyen a construir. Las políticas públicas y las leyes dirigidas a promover, preservar y garantizar la diversidad sexual y de género se encuentran atrapadas en una tensión constitutiva entre el reconocimiento de derechos que amplien los límites de la ciudadanía y gestionar productivamente la diversidad.

Trabajar sobre estas dos leyes resulta relevante, puesto que se han convertido en antecedentes de una propuesta de ley de ámbito estatal actualmente en discusión en el Parlamento español, y al tiempo dan muestras de los debates con los colectivos sociales y activistas LGTBI, que tienen un peso particularmente relevante en Madrid y Barcelona, y de la presión y reconocimiento social que se viene produciendo a este respecto en el Estado español.

La demanda de intervención pública mediante el desarrollo de un marco legal tiene características específicas que no debemos pasar por alto. Nuestro interés en este campo se sitúa en una zona híbrida y comprometida: enlazando formas de “articulación comprometida” donde vinculamos “prácticas docentes, investigadoras, de transformación social y activistas” (García Dauder, Romero Bachiller, & Santoro, 2018, p. 12). Se trata, por tanto, no tanto del resultado de una investigación específica, sino del interés continuado y la necesidad de dar respuestas a cuestiones urgentes que nos atraviesan en lo social.

Partiendo de la perspectiva interseccional y destacando la importancia de las definiciones categoriales en la configuración de los problemas sociales en el diseño e implantación de leyes y políticas públicas, en este artículo nos alineamos con los análisis posestructurales de las políticas públicas, y concretamente con la llamada “WPR approach”, esto es, la propuesta basada en la pregunta sobre ¿Cuál es el problema representado? -What’s the Problem Represented to be?- tal como es desarrollada por Carol Bacchi (Bacchi, 2009; Bacchi, & Goodwin, 2016). Concretamente en este artículo nos centraremos en la definición de categorías de sujeto presentes en los textos legales mencionados. Para ello tomamos como punto de partida para el análisis la guía “Incorporando la interseccionalidad en la evaluación del impacto de las políticas de equidad en salud” desarrollada por la Agencia de Salud Pública de Barcelona (Palència, Malmusi, & Borrell, 2014) que reconfigura las preguntas desarrolladas por Bacchi en su modelo de análisis (Bacchi, & Goodwin, 2016, p. 20) desde una perspectiva interseccional. En concreto nos centraremos en la cuestión: “¿Cuál es el problema de la política que se está considerando? ¿Qué suposiciones (por ejemplo, las creencias acerca de qué causa el problema y qué población (s) está (n) más afectada (s)) subyacen en esta representación del ‘problema’?” (Palència, Malmusi, & Borrell, 2014, p. 5)

A partir de la reelaboración de esta pregunta y partiendo de las formulaciones presentes en las leyes catalana y madrileña, rastreamos los siguientes tres aspectos: 1) cómo ha quedado definido el problema; 2) quiénes son los sujetos que requieren de intervención y; 3) hasta qué punto se ha integrado en esta legislación una perspectiva interseccional.

Según argumentamos en este trabajo todos estos procesos de categorización resultan fundamentales para delimitar exclusiones y pertenencias, y contribuyen a configurar los marcos de inteligibilidad dónde la política pública se despliega.

Resultados

Inclusión de la diversidad sexual y de género en la agenda política

En este apartado mostraremos los principales resultados del análisis realizado. En primer lugar, describiremos brevemente el contexto de emergencia de los textos legales estudiados. En segundo lugar, veremos las maneras en las que se conceptualiza el problema al que estos marcos legales buscan atender. Seguidamente analizaremos cómo se definen los sujetos de intervención preferentes de los textos legales y, finalmente, las formas en las que se explican las diferentes figuras de “discriminación múltiples”.

Contexto de emergencia

Si se atiende al contexto de emergencia, de la Ley 11/2014 de la Generalitat de Catalunya y la Ley 3/2016 de la Comunidad de Madrid debemos señalar que la aparición de una legislación destinada a preservar y garantizar la igualdad y la no discriminación, y prevenir formas de violencia por razón de diversidad sexual y de género, constituye una novedad histórica que va más allá de la mera demanda por la igualdad formal. Se trataría, de garantizar la igualdad “de hecho”, reclamando leyes y señalando a la población sexual y genéricamente diversa como merecedora de especial protección por parte de las instituciones. En este sentido, un análisis comparativo de ambas leyes nos permite identificar algunas tensiones y continuidades, así como los cambios dentro del movimiento LGTBI, y su capacidad de transformación política, ampliando los límites de la ciudadanía.

Como se apunta en el preámbulo de la ley catalana se trata de dar cauce a una “demanda histórica del rico tejido asociativo que ha liderado durante décadas la reivindicación” LGTBI, demandas “que han alcanzado en los últimos años un reconocimiento social y político” (Ley 11/2014. Preámbulo). En esta misma dirección apunta la ley madrileña cuando justifica su necesidad por el “profundo cambio social” y creciente visibilidad y presencia del colectivo LGTBI, al tiempo que apunta que la ley “es un logro colectivo: de las asociaciones, plataformas y fundaciones LGTBI madrileñas, de las instituciones que han participado en su elaboración, de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid y de la sociedad en su conjunto.” (Ley 3/2016, Preámbulo). Como podemos ver ambas leyes se justifican sobre un cambio social convertido en transformación de los sentidos comunes colectivos, esto es, en una reconfiguración de los marcos de sentido hegemónicos que habrían virado de la abyección a la protección. Este viraje hay que vincularlo a la presión activista desde abajo, pero también, desde arriba, como mencionan en la justificación, para adecuarse a los requerimientos de instancias superiores ─fundamentalmente directrices de la UE─.

Definición del problema: La discriminación

El artículo 1 de la ley 11/2014 establece como su objeto "hacer efectivo el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de orientación sexual, de identidad de género o de expresión de género" (Art. 1.1). Finalidad que es justificada a partir de "indicios suficientemente claros" de que esta discriminación "sigue produciéndose" (Preámbulo).

La noción de discriminación se conforma como el núcleo problemático sobre el cual actúa el marco legal analizado. Consecuentemente, el concepto de discriminación recibe una atención especial en esta ley a través de distintas definiciones, adecuadas al marco normativo de la Unión Europea. En primer lugar, la discriminación directa, entendida como aquella "situación en la que se encuentra una persona que es, ha sido o puede ser tratada, por razón de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género, de un modo menos favorable que otra en una situación análoga" (Art. 4. a). Seguidamente se define la discriminación indirecta como "un criterio, una interpretación o una práctica pretendidamente neutras pueden ocasionar en lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros o intersexuales una desventaja particular respecto de personas que no lo son" (Art. 4. b).

Ambas definiciones remiten a situaciones de vulnerabilidad en las que se puede encontrar una persona en comparación con otras personas definidas, por omisión, como aquellas que conforman las normas de género y sexualidad imperantes. La ley se formula en términos de hacer efectivos los derechos de igualdad y no discriminación para quienes viven estas situaciones de vulnerabilidad y, por tanto, asume que tanto la norma heterosexual como la de conformidad de género han venido funcionado como un prerrequisito -y norma no explícita- para la ciudadanía (Richardson, 2000). Este marco, en el que se vehiculan las demandas a partir del modelo de los "derechos LGBTI", contribuye a conceptualizar a estas personas como un grupo minoritario legítimo (Epstein, 1987) que clama por un acceso efectivo a la ciudadanía, conformando una política asimilacionista a partir de la equivalencia identidad-derechos-ciudadanía (Duggan, 2002). En este sentido, Platero (2012) afirma que las políticas de igualdad tienden a centrarse más en la inclusión que en la transformación de las condiciones que permiten la exclusión social.

La lógica de inclusión de los miembros de un grupo minoritario en términos de acceso a derechos, permite apuntar ciertas tensiones en el ámbito de las políticas de la diversidad. Mientras se visibilizan las jerarquías organizadas en torno a los ejes de orientación sexual y/o la identidad y expresión de género, se contribuye a procesos de individualización al colocar la problemática en situaciones que puede vivir una persona por pertenecer a un grupo minoritario. Así, el acceso a los derechos que promueve la ley dependerá del reconocimiento por parte de las administraciones públicas de esa persona como sujeto susceptible de ser incluido en las categorías establecidas. En esta operación, el discurso institucionalizado de las políticas públicas delimita qué cuerpos pueden ser asistidos por el Estado y cuáles permanecen en la zona de abyección (Sampaio, & Germano, 2014). Aquellos cuerpos y estilos de vida que concuerden con las definiciones establecidas en el marco legal son los que serán objeto de atención, protección e inclusión en virtud de las políticas públicas articuladas a partir de su pertenencia al grupo minoritario definido como vulnerable. Así, las prácticas reguladoras que se implementan a través de políticas públicas habitan la tensión que genera promover procesos de inclusión e igualdad y, al mismo tiempo, contribuir a estabilizar los significados y prácticas sobre las cuales se asientan las relaciones asimétricas de poder (Motta 2016).

Definición de sujetos: LGBTI

El debate sobre las identidades y las pertenencias a determinadas categorías sociales es un campo fecundo para pensar los efectos de poder que se desprenden de las políticas de gestión de la diversidad. Los textos legales analizados se organizan alrededor de las siglas LGBTI, denominación que articula, en términos pragmáticos y normativos, las maneras en que las políticas construyen al sujeto de sus actuaciones, al tiempo que contribuyen a solidificar las estructuras de identificación por las que los sujetos se constituyen como tales (Ahmed, 1998).

Resulta interesante apuntar cómo se introducen los términos en el articulado. Así, las personas incluidas en el agregado LGBTI se instituyen como los sujetos preferentes de atención en el contexto de una matriz heterosexual dominante que las sitúa como susceptibles de discriminación. Las categorías identitarias ─lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales─ funcionan como marco de inteligibilidad en el que las políticas públicas se desarrollan y que, a través de su despliegue, contribuyen a fortalecer. Ambas leyes mayoritariamente asumen las posiciones identitarias englobadas el acrónimo como aproblemáticas, contribuyendo a universalizar las experiencias, necesidades y demandas de las personas reconocidas en ellas. Prácticas sexuales, identidades y expresiones de género se convierten en identidades por medio de operaciones de homogeneización que suponen una naturaleza interior e invariable del sujeto que es identificado como parte de determinada categoría (Richardson, 2000).

Siguiendo a Hall (1996) estos procesos de identificación y diferenciación categorial construyen una “unidad ficticia” que emerge como efecto de las propias estructuras de poder contra las cuales se busca actuar. Prácticas regulatorias que van delimitando qué cuerpos y deseos serán considerados “normales” y cuáles serán entendidos como abyectos en diferentes momentos y contextos (Butler, 1993). Cuáles serán susceptibles de protección y cuáles no (Spade, 2015). Al ampliar el ámbito de la ciudadanía las leyes delimitan a unos sujetos LGTBI suceptibles de ser protegidos, pero ¿qué ocurre con las personas que mantienen relaciones sexo-afectivas con personas del mismo sexo que están en situaciones administrativas irregulares? ¿O con las personas trans en proceso de tránsito y sin sus documentos de identidad reconocidos por su estado de origen? ¿O las personas que solicitan asilo por persecución LGTBI y que tienen dificultades para “demostrarse” como LGTBI porque sus formas de identificación no de traducen facilmente en los modelos occidentales de la identidad LGTBI? Se trata de situaciones que quedarían excluidas de formas diversas de la protección legal, desprotección que puede verse reforzada precisamente por la pretensión de exhaustividad que se incorpora en el marco legal.

Las tensiones relativas a las prácticas regulatorias de estas leyes pueden leerse en diferentes momentos. Un ejemplo sería la definición, presente ambas leyes, de la “discriminación por asociación” como la situación en la que una persona es objeto de discriminación como consecuencia de su relación con una persona o grupo LGBTI y la de “discriminación por error” que se aquella que se da por motivo de una “apreciación errónea” del sujeto discriminado.

De aquí se desprenden diferentes interpretaciones relativas a los mecanismos de categorización identitaria. Por un lado, que las discriminaciones por motivo de orientación sexual y/o por identidad o expresión de género pueden afectar a personas que no se identifican -o son identificadas- a través de estas categorías y, por otro, que es posible delimitar claramente quién pertenece -o no- a las mismas. Esto último indicaría la existencia de posiciones “reales” y “no reales” respecto de las categorías que ofrece el marco de inteligibilidad del texto legal, contribuyendo a reforzar la idea de categorías estancas a las que se puede pertenecer o no. Pero también se puede extraer otra lectura, y es que las nociones de discriminación por asociación o por error cuestionan los límites de las propias categorías, pues evidencian la imposibilidad de un cierre definitivo de la “unidad ficticia” en sí y en relación con su exterior constitutivo. La posibilidad de error muestra que la propia atribución identitaria es elusiva y puede ser engañosa respecto de la pertenencia de una persona inequívocamente a una de las categorías preservadas por los marcos legales. Esto visibiliza el carácter controvertido, y susceptible a diferentes interpretaciones, de los marcos regulatorios que despliegan las políticas públicas.

Por otro lado, afirmar la posibilidad de discriminación por asociación o por error permite apuntalar el bien a preservar: las posiciones sexuales o genéricas no normativas. Así, con independencia de la autodefinición de la persona víctima de la discriminación ─que si se define como heterosexual o cisgénero podría cuestionar la intencionalidad discriminatoria LGTBIfóbica─, la acción discriminatoria continúa siendo punible. El castigo no depende de la identidad personal de la víctima, cuanto de la intención discriminatoria de las personas agresoras.

Pero, no todos los términos de las diferentes categorías identitarias que conforman la ley son abordadas de la misma manera. Mientras que las leyes asumen, por omisión, la estabilidad y universalidad de los términos de LGB ─“Lesbianas”, “Gays” y “Bisexuales”─, las otras dos categorías, T ─“Transgénero” en la ley catalana y “personas trans” en la ley madrileña─ e I ─“Personas intersexuales”─ merecen una atención especial. Respecto del término transgénero, en el caso de la ley 11/2014, llama la atención que es la única categoría que es definida explícitamente:

La presente ley utiliza el término ‘transgénero’ para referirse a las personas que se sienten del sexo contrario al que se les ha atribuido al nacer según sus características biológicas y a las personas que no se identifican exactamente ni con un hombre ni con una mujer según la concepción tradicional de los géneros, todo ello independientemente de que estas personas se hayan sometido o no a una intervención quirúrgica. Las personas transexuales, pues, quedan incluidas dentro de la denominación de personas transgénero. (Preámbulo).

Aquí pareciera que el uso de la categoría sigue la tradición anglosajona, donde el término sirve de paraguas para englobar “las diferentes formas e identidades de personas que no se identifican con su género asignado al nacer” (Galofre, & Missé, 2015, p. 21). Sin embargo en esta definición se incorporan matices que permiten rastrear diferentes posturas y debates públicos, incluso contradictorios entre sí, frente al mandato normativo del sistema sexo-género. Con este ejemplo nos interesa señalar el carácter dinámico y contextual de los procesos de categorización que se plasman en las diferentes definiciones presentes en las políticas públicas.

En la ley madrileña la T queda definida no como “persona transgénero”, sino como “persona trans”

[T]toda aquella persona que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer. El término trans ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género o subcategorías como transexuales, transgénero, travestis, variantes de género, u otras identidades de quienes definen su género como “otro” o describen su identidad en sus propias palabras. (Ley 3/2016, Art. 3. b)

El cambio empleado en la ley madrileña muestra que la terminología que engloba la “T” no está plenamente estabilizada y existe un debate público en los propios colectivos activistas sobre su uso. Por otro lado, al ser una ley más tardía, se incorpora al debate en un momento en que se apunta cierto consenso en torno al término “persona trans”, que parece más estabilizado que la noción “transgénero”. Estos cambios terminológicos dan muestra de la estrecha relación y presencia de los colectivos LGTB en la configuración de estas leyes. Si los términos LGB del acrónimo aparecen cerrados a la indagación, la T se muestra abierta y por tanto, mutable. De hecho en los últimos tiempos entre los propios teóricos trans y colectivos activistas se está optando por el empleo del término trans* añadiendo el * como mecanismo de apertura, para dar cuenta, en lugar de ocultar, las diferentes posiciones políticas, teóricas y experienciales que encierra el término sin pretensión de un cierre que suture sus tensiones constitutivas (Platero, 2014, p. 16 ,nota 2).

Pero, ¿qué podemos decir de la I? Si la T mostraba desplazamientos terminológicos y debates sobre quiénes formaban parte de tal categoría, la I encierra una incógnita y un silencio. La I es una de las últimas incorporaciones al acrónimo LGTB con la intención de incluir al colectivo de personas intersexuales. ¿Pero quiénes son las personas intersexuales y hasta qué punto se identifican ─o no─ con las demandas LGTB y quieren englobar sus requerimientos bajo este paraguas? (García Dauder, & Romero Bachiller, 2012; García Dauder, & Gregorí, 2017). Esta es una cuestión que no está suficientemente explorada y los escasos estudios que se han realizado parecen apuntar a una desconexión de las personas diagnosticadas o identificadas con algún síndrome o condición dentro del DSD (Desarrollo Sexual Diferente) con los movimientos LGTB (Gregorí, 2016).

Aún así, la I queda incluida al ámbito de protección de ambas leyes, si bien la ley catalana no se hace ninguna definición concreta del término. La ley madrileña sí explicita la noción de “persona intersexual”, como aquella “persona que nace con una anatomía reproductiva o genital que no parece encajar en las definiciones típicas de masculino y femenino” (Ley 3/2016, Art. 3.q) y en el artículo 7.2 señala que en el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid “no se practicará cirugía alguna tendente a modificar la anatomía sexual del recién nacido intersexual, hasta que se autodetermine la identidad sexual, cuando se podrá intervenir quirúrgicamente a instancia de la persona intersexual o de sus representantes legales” (Ley 3/2016, Art. 7.2). Aquí, la inclusión de la intersexualidad, recoge algunas de las reivindicaciones del colectivo intersexual internacional, como el evitar intervenciones irreversibles o imponer la definición de la identidad de género a menores sin capacidad de poder decidir por sí mismos (García Dauder, & Romero Bachiller, 2012).

Como hemos visto, el articulado de las leyes estudiadas plantea la gestión de la diversidad de la orientación sexual y/o la identidad y expresión de género en términos de hacer efectivos los derechos para personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales. Un mecanismo que, por un lado, ha recogido algunas de las reivindicaciones planteadas desde estos colectivos y, por otro, ha guiado la acción institucional para la definición de políticas públicas y procesos de intervención. Actuaciones que funcionan como mecanismos complejos de generación de categorías identitarias.

La definición del sujeto de las políticas públicas por medio de la identidad genera efectos de esencialización ─aquello que se “es” como una condición inmutable en el tiempo y en los diferentes contextos: se es idéntica a una misma─, homogeneización ─todas las personas bajo una misma categoría presentan prácticas y deseos semejantes: son idénticas entre sí─ y normalización ─regulación de qué cuerpos, prácticas y deseos quedan amparados por la ley─. A su vez, estos procesos de construcción identitaria crean sus límites, produciendo mecanismos de exclusión ─hacia quienes no son leídos como pertenecientes a las categorías cuyos derechos se quieren garantizar─ y de jerarquización ─al definir beneficiarios que son considerados vulnerables, en condiciones particulares que les impiden el acceso a la ciudadanía de la que sí goza el resto de la población─. Finalmente, la jerarquización también se manifiesta a través de la reificación de las identidades que, a su vez, reitera sistemáticamente las diferencias y las asimetrías ─de género, orientación sexual, racializadas, de nacionalidad, diversidad funcional, etc.─ que complejizan y estructuran la propia discriminación, como veremos en el apartado siguiente.

Sujetos que requieren de “especial atención”: Las“discriminaciones múltiples”

Mientras que el concepto de interseccionalidad no se menciona en ninguna de las dos leyes analizadas, sí aparece definida explícitamente la noción de “Discriminación Múltiple” en ambos textos. En la ley catalana la discriminación múltiple es entendida como una condición que se articula a partir de la pertenencia de la persona tanto a una de las categorías centrales de la ley (LGBTI) como a otros grupos que son objeto de discriminación:

Situación en la que una persona lesbiana, gay, bisexual, transgénero o intersexual, por el hecho de pertenecer a otros grupos que también son objeto de discriminación, sufre formas agravadas y específicas de discriminación. (Ley 10/2014, Art.4 e)

La definición no particulariza a qué grupos pueden pertenecer las personas para estar en dicha condición y aunque en la ley se mencionan algunos sujetos específicos que serían más propensos a sufrir este tipo de discriminación ─Tabla 1─, esta referencia resulta bastante genérica. En la ley madrileña, encontramos algunos matices respecto a la definición anterior:

Hay discriminación múltiple cuando además de discriminación por motivo de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar, una persona sufre conjuntamente discriminación por otro motivo recogido en la legislación europea, nacional o autonómica. Específicamente se tendrá en cuenta que a la posible discriminación por expresión, identidad de género, orientación del deseo o pertenencia a un grupo familiar con presencia de personas LGTBI, se pueda sumar la pertenencia a colectivos como inmigrantes, minorías étnicas, personas con discapacidad, mujeres, etcétera. (Ley 3/2016, Art. 3f. Énfasis añadido).

En este caso, los motivos de discriminación actuarían conjuntamente, al tiempo que ciertas categorías identitarias se sumarían a otras para generar posiciones susceptibles de discriminación múltiple. Ambas posturas, que se presentan en la ley con una continuidad aproblemática, representan dos posturas divergentes en los estudios de la interseccionalidad en el que la perspectiva sumatoria contrasta críticamente con aquellas posturas que analizan las maneras en las que se conjugan diferentes ejes de opresión.Ambas leyes hacen mención explícita a la pertenencia de las personas afectadas por discriminación a las categorías que amparan ─identidades LGBTI─ y también a su pertenencia a otra categoría minorizada. Esta definición refuerza la lógica sumatoria que universaliza las categorías, de modo que éstas aparecen como compartimentos estancos y al tiempo isomórficos que añaden aditivamente otra carga más a las personas que ocuparan ambas categorías.

La lógica de conformación de categorías identitarias se corresponde con lo que McCall (2005) llama una complejidad intracategorial, aquella que sitúa la diversidad al interior de las identidades, asumiendo así una categoría principal ─articulada en el acrónimo LGBTI─ de la cual se desprenden otras subcategorías en virtud de las demás características de sus miembros. Siguiendo el análisis hecho arriba, en las categorías resultantes se estarían reeditando los efectos de esencialización, homogeneización y normalización, así como los de exclusión y jerarquización, identificados en las políticas identitarias.

Si atendemos a las categorías de discriminación múltiple mencionadas en las leyes (ver Tabla 1), la selección concreta que se presenta también da cuenta de procesos de ordenamiento, por cuanto se establecen determinadas presencias ─las categorías nombradas─ sobre la ausencia de otras categorías ─aquellas no incorporadas por que no son pensables o no se consideran relevantes─. Este proceso tendería a acallar diversidades y requerimientos diferenciales dentro de las categorías resultantes, ya que su construcción como categorías universales invisibiliza los mecanismos de exclusión necesarios para su definición y estabilización. Pero si este mecanismo está presente en ambas leyes, podemos identificar estrategias de nominación diferentes en cada una de ellas: la ley catalana habla en términos genéricos de discriminaciones múltiples sin entrar demasiado a delimitar categorialmente las posibles situaciones donde las discriminaciones pueden darse. Tal ausencia, paradójicamente, resulta más incluyente, porque cualquier articulación concreta podría tener potencialmente amparo de la ley. La ley madrileña, sin embargo, es profusa en la terminología y situaciones donde podría darse una situación de discriminación múltiple (Tabla 1). La intención inclusiva se concreta esta vez buscando garantizar la incorporación de todas las situaciones posibles.

Paradójicamente las presencias, también se traducen en ausencias, al dejar poco espacio para la incorporación de otras situaciones no nombradas, pero potencialmente existentes. El efecto de exclusión de las políticas basadas en la identidad queda si cabe más agudizado al recubrirse con la promesa de inclusión total. En el ejercicio de nombrar específicamente a los colectivos vulnerables se “olvidan” e invisibilizan las relaciones de poder de las que emergen las posiciones de vulnerabilidad, dando la impresión que la vulnerabilidad refiere a alguna característica “innata” de tales posiciones más que a las dinámicas de desigualdad en las que se inscriben.

Discusión y Conclusiones

¿Incorporando la interseccionalidad a las políticas públicas?

Del análisis realizado se desprende la importancia que adquieren los marcos legales dentro de las políticas públicas en la configuración concreta de una cuestión como el “problema” sobre el que pretende intervenir, así como su efecto en la producción de unas subjetividades concretas (Bacchi & Goodwin, 2016). Con este trabajo respondíamos a dos pretensiones fundamentales, una de corte empírico, y otra de corte teórico. La primera aspiraba a desentrañar los mecanismos de producción categorial y sus problemáticos efectos. Por un lado, porque tienden a universalizar las categorías LGTBI amparadas por las leyes, generando efectos de homogeneización, esencialización y normalización y, por otro, porque refuerzan dinámicas de exclusión de las posiciones ausentes del marco legal, y de jerarquización al reificar las relaciones asimétricas sobre las cuales se asientan diferentes formas de discriminación.

La otra pretensión de nuestro trabajo, de corte teórico, implicaba una reelaboración de la perspectiva interseccional como metodología de indagación. Nuestro ejercicio de deconstrucción de los mecanismos de producción de las categorías para visibilizar y denunciar sus efectos de poder, situarían nuestro análisis de estas leyes en la línea de las posiciones interseccionales que McCall (2005) identificó como de complejidad anticategórica. Nuestra crítica coincidiría con esta nominación en tanto defiende que dar cuenta de los procesos por los que se consolidan determinadas posiciones y categorías constituye un requerimiento sine qua non para poder desmontar los mecanismos de poder que las sustentan. Pero si para McCall las posiciones anticategoricas abogan por la eliminación de toda categoría (2005), en nuestro análisis, por el contrario, desentrañar los mecanismos de producción categorial y sus efectos de poder no implica obviar las categorías, sino abordarlas en tanto realidades concretas, como formas de ordenamiento social asentadas en prácticas institucionales y cotidianas.

Tabla 1:

Categorías y áreas de trabajo que pueden ser espacios de discriminación múltiple en las leyes reseñadas

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[i] Fuente: Elaboración propia.

De ahí la pertinencia de las discusiones en el campo de la interseccionalidad para el análisis de la configuración de leyes y políticas públicas para la gestión de la diversidad, ya que permiten reflexionar sobre las tensiones que emergen en las demandas de generación de marcos jurídicos para la resolución de problemas de vulnerabilidad. La propia formulación del derecho se asienta en un trabajo de definición, delimitación y estabilización categorial: es necesario poder identificar a los sujetos concretos sobre los que la ley interviene. Esta tensión plantea el problema de quién está dentro o fuera de las categorías y cómo se determinan las pertenencias ─como hemos visto analizado con anterioridad─. Cuestiones cruciales para entender las maneras en las que se articulan las posiciones de privilegio y exclusión mediante la estabilización jerárquica de ciertas definiciones, que tienden a reificar las categorías de privilegio como neutrales y aproblemáticas.

Nos encontramos, ante una tensión entre la visibilización de un colectivo para el que se provee una legislación específica ─lo que refuerza ciertas categorías identitarias, por ejemplo, gay blanco─ y el peligro de difuminación de las necesidades en leyes más amplias que, al carecer de la especificidad necesaria, no atienden a las situaciones concretas que requieren intervención. Esta tensión ha marcado los requerimientos interseccionales en el ámbito de las políticas públicas, entre la posibilidad de establecer legislaciones que se han denominado de “igualdad de trato” y no dirigidas a ningún colectivo específico, o la necesidad de incorporar varias formas de discriminación particulares, configurando la interseccionalidad como diferentes especificidades dentro de un colectivo concreto definido como prioritario.

La mirada vertida sobre las leyes catalana y madrileña, articuladas alrededor de la noción de discriminación por motivo de orientación sexual y/o de identidad y expresión de género, se convierten en espacios privilegiados donde identificar problemas que tienden a reproducirse en el proyecto de ley estatal actualmente en debate parlamentario: nos permite ver que en éstas se define como colectivo prioritario a las personas contenidas en las siglas LGBTI y, bajo este paraguas, aquellas personas que pueden sufrir discriminaciones múltiples por pertenecer, además, a otros grupos minoritarios. Esta circunstancia puede ser leída como una “posición interseccional”: un lugar particular que conjuga dos fuentes de discriminación, como por ejemplo, ser “lesbiana de la tercera edad”.

La interseccionalidad aplicada en las políticas públicas a partir de la metáfora de la “posición” se vincula a la persona y acarrea los mismos efectos que las políticas de la identidad: homogeneiza diferentes experiencias bajo una “nueva” categoría; contribuye a construir esta posición en términos de cuerpos marcados vulnerables que necesitan paliar sus carencias ─como si la opresión o discriminación emergiera de su propia existencia─; crea como exterior constitutivo de éstos aquellas posiciones “no marcadas” que se entenderían como “no interseccionales”; invisibiliza las normatividades subyacentes que ordenan las diferentes jerarquías; y, finalmente, reproduce nuevas exclusiones al ampliar el paraguas de la ciudadanía, desplazando sus fronteras ─las personas sin papeles o las personas que no se identifican de forma clara con las categorías propuestas quedarían excluídas─.

Si salimos de la mirada de la posición y leemos las políticas públicas a partir de la metáfora de “cruce de caminos” que coloca su atención en las maneras en las que los ejes de opresión se intersectan, encontramos que en esta metáfora se asume que cada eje concreto, en este caso, la orientación sexual, por ejemplo, actuaría de la misma manera para todos los sujetos a lo largo del tiempo y en diferentes espacios, como modelo universal. A este funcionamiento se le añadiría, en el caso que este camino “cruce” con otro, otro eje de opresión, por ejemplo la xenofobia o el género, que a su vez funcionarían de manera isomórfica al primero. Cada nuevo eje de discriminación iría sumándose a los elementos preexistentes y en su convergencia se multiplicarían sus efectos a partir de una lógica aditiva o multiplicativa.

Tomando en cuenta las limitaciones y efectos de estos usos de la interseccionalidad Nira Yuval Davis (2017) ha desarrollado la noción de “interseccionalidad situada”. Propone entender que las diferentes divisiones sociales que emergen de relaciones de poder, son ontologicamente diferentes y se constituyen mutuamente en contextos y momentos históricos concretos en los que ciertas divisiones sociales se tornan más relevantes y tienen más efectos. La propuesta es sugerente, pues no se centra ni en la posición “interseccional”, ni en cada uno de los ejes de opresión separadamente y, además, sitúa la mirada en el contexto como espacio de articulación y de análisis.

Ahora bien, la distinción ontológica que la autora atribuye a los diferentes elementos de estructuración social ─género, clase, raza-, dificulta entender las maneras en las que las diferencias se configuran mutuamente en contextos semiótico-materiales particulares. Por el contrario, argumentamos que es precisamente debido a que los mecanismos de diferenciación y asimetría funcionan en un mismo plano ontológico que es posible analizar los ensamblajes particulares en los que se distribuyen privilegios y exclusiones.

En este sentido, el trabajo de Avtar Brah (1992) resulta muy sugerente. Para ella la diferencia es una relación social construida a través de relaciones sistemáticas de prácticas y discursos presentes en el cuerpo social y no a atributos fijos o invariables que se puedan desligar de su contexto de emergencia. Cada diferencia significativa emergerá de una relación contingente y situada en la que se subraya la sistematicidad precisamente a través de las contingencias. Por eso proponemos entender el análisis interseccionalidad a partir de una mirada contextual que atienda a la sistematicidad de las contingencias en la producción de diferencias y asimetrías.

El análisis interseccional informado por esta perspectiva se interesará por los contextos concretos, situados histórica, geográfica y temporalmente en los que las dinámicas de diferenciación tienen lugar para comprender cómo se configuran las continuidades y discontinuidades en relación con las dinámicas de poder. Esta aproximación da cuenta de la contingencia inherente a cada cierre categorial que emerge de los procesos de diferenciación, y al mismo tiempo, de los procesos de reproducción de espacios de subordinación. La emergencia de vulnerabilidades en un contexto no es un un mero producto del azar: responde a unos sistemas de opresión socio-históricamente sedimentados por recurrencia de las relaciones que los constituyen.

La distribución de vulnerabilidades a partir de los procesos de diferenciación responde a prácticas sistemáticas y reiteradas de diferenciación y asimetrías que se actualizan en situaciones concretas en las que determinadas diferencias emergen como más significativas que otras. Si la sistematicidad se explica por la recurrencia, la contingencia asegura el carácter abierto y potencialmente transformable de los criterios de diferenciación que son actualizados/actualizables en momentos sociohistóricos concretos que los vuelven significativos. Esto significa que los espacios de diferenciación no pueden ser completamente aprehendidos a priori, porque siempre hay un espacio potencialmente abierto a la politización de nuevos privilegios y vulnerabilidades, lo que nos lleva a atender no solo a las formas en que convergen ciertas discriminaciones, sino también a sus divergencias y a los potenciales conflictos que puedan surgir entre discriminaciones y vulnerabilidades diversas desplegadas y activadas al mismo tiempo.

Así, la interseccionalidad no sería sólo una teoría que abordase la situación de posiciones e identidades marginalizadas, sino una teoría general que puede dar cuenta de la forma en que acontecen los procesos de subjetivación como ejercicios articulatorios transidos por diferentes relaciones de poder en contextos concretos de relación. Lo cual, a su vez, implica un requerimiento metodológico: solamente partiendo del análisis de las situaciones concretas podríamos aprehender las complejas formas en que se distribuyen vulnerabilidades y privilegios.

Con el análisis realizado de dos configuraciones legales concretas para la gestión de la diversidad sexual en el estado español hemos pretendido mostrar precisamente cómo esta distribución de privilegios y subordinaciones se materializa contextualmente y acarrea efectos políticos que es necesario atender y cómo, para poder identificarlos, la perspectiva interseccional se convierte en una herramienta fundamental al permitir insistir en los ordenamientos y configuraciones concretas de categorías y las relaciones de poder que las sustentan.

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